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En la instancia, el prosecretario Jorge Díaz, afirmó: “Este Gobierno tiene el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos, se traduce en acciones y en la exigencia de resultados”.
Explicó que el documento se elaboró a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 y de las áreas críticas identificadas en el proyecto de estrategia previamente redactado, a lo cual se le sumaron sugerencias obtenidas en la discusión que hubo entre todos los involucrados de los sectores público y privado.
Establece 22 objetivos, con sus metas y acciones concretas por desarrollar para mitigar los riesgos identificados en las áreas que se agrupan en los siguientes capítulos:
Díaz afirmó que en prevención hay mucho por hacer ya que, en materia societaria hay instrumentos que pueden llegar a ser utilizados para el lavado de activos, en especial, en actividades detectadas como las que presentan más riesgos, como por ejemplo:
Aseguró que “Uruguay hoy no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y aseguró que "los resultados se miden en formalizaciones y condenas".
Ante esta realidad, precisó: “Lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión. Algo de lo que se carece hoy, y debe generarse, que es una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores públicos y privados de que somos utilizados como vehículos para el lavado de dinero".
Para el prosecretario, esto es lo prioritario y es en lo que se trabaja desde el 1.° de marzo. Agregó que en lo que también se debe seguir insistiendo es en la capacitación en procesos investigativos, de policías, jueces y fiscales.
Además de Díaz, participaron de la presentación la secretaria general de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorism (Senaclaft), Sandra Libonatti y el consultor Alejandro Montesdeoca.
