Días pasados, el senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, denunció en el Parlamento la expulsión de Argentina de Juan Pedro Martínez Piedrahita, un ciudadano uruguayo afrodescendiente que residía en ese país desde hacía dos décadas. Carballo calificó la medida como parte de una política migratoria “racista, arbitraria y violatoria de derechos fundamentales”, señalando que se ejecutó sin audiencia ni notificación, y sin considerar los derechos de los hijos del afectado, nacidos en Argentina.
Martínez, de 60 años, había iniciado en 2022 los trámites para obtener la residencia permanente por vínculos familiares. Fue expulsado el 27 de julio de 2025. El Ministerio de Seguridad argentino anunció la medida en redes sociales, acusándolo de “tener causas penales por violación de domicilio, amenazas y desobediencia”, y afirmó que fue entregado a la Justicia uruguaya.
Fernanda Aguirre, responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, relató que la semana pasada tomaron conocimiento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), del caso de Martínez, “un trabajador afrodescendiente y exmilitante sindical que residía desde hace años en Argentina junto a su compañera y sus tres hijos”.
Según Aguirre, el hombre fue “abruptamente expulsado” de territorio argentino, “arrancado de Argentina y tirado en nuestro país de manera absolutamente inhumana”, sin previo aviso, sin posibilidad de despedirse de su familia y sin que el Consulado uruguayo fuera notificado. “Fue tirado directamente en el aeropuerto de Carrasco sin ningún tipo de contención, sin dinero, ni teléfono, ni comunicación”, detalló.
A partir de la red de vínculos del movimiento sindical y las organizaciones sociales, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT coordinó acciones para asistir al compatriota, acudiendo al aeropuerto, restableciendo su contacto con la familia y gestionando su traslado. “Inmediatamente nos comunicamos con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el consulado uruguayo en Argentina y Asuntos Consulares de Cancillería”, señaló Aguirre. “Gracias a estas gestiones, se logró un reencuentro breve de Martínez con su compañera e hijos, que viajaron temporalmente a Uruguay para facilitar una mínima reunificación familiar”.
“Cuando residía en Uruguay, fue nuestro compañero en el movimiento sindical. Después se instaló en Argentina y luego de ir a hacer un trámite con su señora, no volvió a su casa. Lo detuvieron y lo expulsaron sin anuncio, en forma abrupta, irregular e injustificada”, denunció la dirigente sindical.
Asimismo, informó que mantuvieron reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y que la activista por los derechos de la comunidad afrouruguaya Beatriz Ramírez se reunió con ellos para evaluar qué dispositivos de contención podían generarse. “Entendemos que el gobierno de Javier Milei está impulsando una política de expulsión de latinoamericanos con una fuerte carga de racismo”, advirtió Aguirre.
“El compañero Juan no fue respetado por el Estado argentino. Se le vulneraron todos sus derechos en los trámites institucionales. El Estado uruguayo respondió cuando nos comunicamos, pero es evidente que no hay dispositivos diseñados para asistir adecuadamente a ciudadanos expulsados en estas condiciones”, afirmó.
En ese sentido, anunció que próximamente mantendrán una reunión con Collette Spinetti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, para avanzar en la creación de mecanismos específicos de respuesta ante estos casos.
“Es importante la buena disposición que hemos encontrado en todos los organismos a los que recurrimos, pero también es fundamental que nuestro Estado diseñe políticas claras de protección para ciudadanos que sufran vulneraciones de derechos humanos en el exterior, especialmente cuando son víctimas de acciones arbitrarias”, puntualizó Aguirre.
Además de Aguirre, también participaron de la conferencia de prensa: Matilde Ledesma, Andrés Urioste, Pablo Ghirardo, Norma Núñez y Guillermo García.
“La gente quiere estar y acercarse, y está muy bueno”, dijo el presidente Yamandú Orsi en referencia a la convocatoria de público en el acto y posterior desfile con motivo del 201° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Además, valoró el discurso de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien reivindicó la capacidad de Uruguay para construir acuerdos, ampliar derechos y avanzar hacia un desarrollo con mayor igualdad de oportunidades. Asimismo, destacó la importancia de sostener políticas de Estado más allá de los períodos de gobierno.
