Estudio indica que la violencia hacia las infancias en el medio rural afecta a 4 de cada 10 niños y niñas de 2 a 4 años

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social presentaron los resultados de las últimas mediciones sobre uso de disciplina violenta y exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia contra la mujer. Entre ellas, los datos de la última encuesta de prevalencia de Unicef, el módulo de violencia de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud Rural implementado por Uruguay Crece Contigo (UCC) y una investigación cualitativa realizada por Fundación Quebracho.

Nicolás Lasa, director nacional de Desarrollo Social, dijo que “es fundamental” compartir instancias de estas características para “trabajar en base a evidencia, poder diseñar políticas públicas basadas en evidencia, recogiendo lo que sucede en territorio y dándole forma de manera periódica y sostenida”. Hizo hincapié en el compromiso vigente de construir una sociedad libre de violencia desde un punto de vista interinstitucional y también en conjunto con la sociedad.

“Nosotros estamos acá no para justificar nuestras áreas programáticas como están concebidas hoy, sino para responder mejor a los problemas con los que nos estamos encontrando”, expresó Lasa. El director explicó que desde el ministerio se está trabajando fuertemente con los obstáculos del desarrollo infantil y la violencia es uno de ellos. “No queremos que la violencia tenga la última palabra en este país”, finalizó.

Los datos

El trabajo llevado a cabo por Unicef permitió comparar y presentar nueva información sobre las prácticas de crianza establecidas en las familias uruguayas, y en particular en la violencia como método de disciplina. Además, por primera vez se incluyó la franja etárea de 15 a 17, que se sumó a la de niños y niñas de 2 a 14 años que ya se había realizado.

Este estudio, que se desarrolló entre febrero y marzo de 2025, presenta una disminución de 15 puntos porcentuales en el uso de disciplina violenta hacia niños, niñas y adolescentes en comparación con 2013. Sin embargo, indica que “los niveles de prevalencia aún son preocupantes, ya que casi 4 de cada 10 (39.3%) niños, niñas y adolescentes de 2 a 14 años fueron sometidos a algún método violento de disciplina en el último mes”.

Además, se evidencia que “el uso de disciplina violenta se reporta en todos los niveles socioeconómicos, ubicándose en el entorno del 40%”. A partir de estos datos se puede observar que las diferencias entre estratos “se presentan en los métodos utilizados, ya que el castigo físico tiene mayor prevalencia en los hogares de nivel socioeconómico bajo (20%) que en los de nivel alto (10%)”.

El módulo de disciplinamiento que incluyó la Encuesta de Nutrición Desarrollo Infantil y Salud en su edición rural de 2024 también presentó información sensible sobre la problemática. El estudio del porcentaje de niños y niñas de 2 a 4 años que fueron sometidos a métodos de disciplina violentos según región muestra que existe un predominio de la utilización de métodos violentos en las zonas urbanas. En el caso de la violencia física la diferencia se expresa en que uno de cada tres niños y niñas la sufren en zonas urbanas, mientras que para las zonas rurales es uno de cada cinco.

Si se observan todas las violencias, el dato sugiere que la violencia hacia las infancias en el medio rural afecta a 4 de cada 10 niños y niñas de 2 a 4 años.

La Fundación Quebracho, por su parte, realizó un acercamiento cualitativo a la temática de la convivencia y la crianza de la primera infancia en contextos rurales desde la perspectiva de las familias y los servicios y respuestas institucionales.

Este estudio, que se realizó en Cerro Largo, llegó a diferentes conclusiones. Entre ellas: la cercanía y conocimiento de todas las personas de la localidad genera control y lealtades que hace difícil denunciar situaciones de violencia. También se ve un mayor peso de las familias tradicionales, con los hombres ocupando roles de autoridad y provisión y mujeres ocupando roles de cuidado; la falta de oportunidades laborales para mujeres agrava esta situación.

Por otro lado también destacaron que en el medio rural los cambios en la reproducción de los roles y mandatos de género se atribuyen a una mayor comunicación e información sobre cambios normativos relativos a la no violencia y a acciones concretas e intencionales desde las instituciones locales, como los CAIF.

El estado como llave para frenar la violencia

En la mesa de cierre, varias autoridades vinculadas con la temática realizaron exposiciones. Virginia Cardozo, gerente de Uruguay Crece Contigo señaló que “este problema es un problema público, un asunto de desigualdad y de vulneración de derechos, y por lo tanto no es un asunto privado de la familia”. Resaltó que es importante atender la violencia basada en género como algo profundamente vinculado a la violencia hacia niños y niñas y alertó que las agendas que pretenden separar estos temas significan un retroceso en derechos.

“Las maternidades y paternidades se construyen, se deconstruyen y se reconstruyen; romper con el mito biologicista es clave para transformar las prácticas de crianza”, afirmó Cardozo y destacó que es fundamental que el Estado y la sociedad se preocupen por las condiciones de crianza en contextos de vulneración de derechos.

Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, destacó que anteriormente existía “una naturalización de que antes que el diálogo está la forma violenta, sea física o psicológica, de disciplinar” y señaló que “estas cifras muestran lo lentos que son los cambios para la vida de niños y adolescentes que quedan con marcas para el resto de su existencia”. También aseveró que el Estado tiene una “responsabilidad indelegable” de generar espacios de cuidados para fomentar una cultura de no violencia y de corresponsabilidad en los hogares.

La directora afirmó que “un hombre violento en un hogar ejerce la violencia directamente contra la mujer y muchas veces también contra los niños, ya sea de forma deliberada o como parte de un vínculo violento que los afecta igualmente”. “Los números de violencia infantil y familiar requieren un acelerador, y ese acelerador es una respuesta del Estado con más convicción, más fuerza y más institucionalidad”, finalizó.

Por último, la presidenta del Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay, Claudia Romero, destacó la importancia de contar con “información confiable” que permita “diseñar políticas públicas, monitorear prácticas y cambiar la forma de trabajar”.

“Todas y todos tenemos algo por hacer desde cualquier lugar, y esto que hoy nos convoca tiene que permear a la sociedad, visibilizando que hay prácticas que no están bien y que hay prácticas que sí lo están”, dijo.

Los organismos acordaron continuar trabajando en conjunto tanto en la generación de datos como en el diseño e implementación de políticas públicas.