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El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la posibilidad de contar con datos actualizados y analizados desde diferentes perspectivas. “Es difícil cambiar una sociedad si no la conocemos, se trata de hincarle el diente al tema”, sostuvo.
El jerarca enumeró algunas acciones, como la instalación de una mesa binacional en Rivera, en la frontera con Brasil, para abordar la problemática; el fortalecimiento de los cuerpos inspectivos y la firma de acuerdos tripartitos con varias ramas de la industria.
Asimismo, dijo que generar políticas activas de empleo y apuntalar con mejores salarios a los trabajadores de menores ingresos son instrumentos que pueden ayudar a revertir la situación.
A partir del procesamiento de la información, se elaborará una hoja de ruta con líneas de acción. La meta es avanzar en un documento que sea un lineamiento de trabajo conjunto, explicó la presidenta del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), Andrea Bouret.
En tanto, el vicepresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes, consideró es necesario destinar más herramientas para el abordaje y profundizar acciones entre organismos del Estado, sociedad civil, academia y comunidades de vecinos.
La encuesta evidenció que el 6,8% de la población de entre 5 y 17 años se encuentra en situación de trabajo infantil. El 4,9% se desempeñan en actividades económicas y casi el 2% realiza trabajo no remunerado de servicios.
Este escenario se profundiza en el interior y en niñas y adolescentes, sobre todo en los casos de trabajo no remunerado (2,8%). La tasa es mayor en varones cuando se habla de trabajo en actividades de producción (5,5%).
La encuesta fue elaborada entre el MTSS, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el CETI, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef Uruguay.
Participaron de la actividad, la jefa del Departamento de Estudios Sociodemográficos del INE, Fiorella Di Landri; la representante de la OIT, Patricia Roa, y el oficial de Evaluación y Monitoreo de Unicef, Darío Fuletti, entre otras autoridades.
La llegada prevista de más de 14.000 vehículos obliga a sumar áreas de almacenamiento y acelerar los traslados. Un antiguo predio ferroviario fue habilitado de forma excepcional para aliviar la presión sobre la terminal.
El riesgo país se mantiene por debajo de sus pares regionales, pese al repunte registrado desde setiembre. La diferencia favorece las condiciones de acceso al financiamiento.
El prosecretario de Presidencia vinculó su expectativa a las nuevas prestaciones para la infancia y la adolescencia. Al mismo tiempo, admitió que la evolución de los homicidios exige revisar las políticas y mejorar su aplicación.
