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La jornada se desarrolló en el contexto de elaboración del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que cuenta con la participación de delegadas y delegados de mesas departamentales integradas por organizaciones sociales de personas mayores que trabajan en la temática. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Mercado Modelo.
Apertura institucional
Participaron en la mesa de apertura Marianela Larzábal, directora de Inmayores del Mides; Mercedes Clara, directora nacional de Gestión Territorial del Mides; Ximena Muñiz, directora general de Secretaría del Mides; y Graciela Villar, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.
Más de 200 personas mayores de todo el país participaron en la jornada. Entre las principales preocupaciones planteadas se destacaron las dificultades de acceso a la educación a lo largo de la vida, la cultura, la justicia, la salud, la vivienda y las soluciones habitacionales, así como los cuidados y la atención a situaciones de violencia.
Durante la apertura, Larzábal anunció que en 2026 se presentará el Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, y subrayó su importancia ante el crecimiento sostenido de la población mayor. “Debemos tomar esto como un desafío positivo y anticiparnos a pensar nuevas respuestas. Esta herramienta está siendo observada por otros países de la región”, destacó.
La directora también informó que Uruguay se postuló ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para instalar el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La iniciativa responde al impulso de las organizaciones sociales, que han insistido en la necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo. Hace diez años, Uruguay fue el primer país en firmar la Convención y participó activamente en su redacción, aunque hasta el momento no existía un sistema de seguimiento.
Próximos pasos
Desde el Mides se trabaja en fortalecer los proyectos sociocomunitarios y promover la participación social y la incidencia política de los grupos de personas mayores. Asimismo, se prevé la implementación de fondos concursables destinados a esta población y el refuerzo del rol de los referentes territoriales.
