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El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, explicó que el seminario abordó el desafío que representa el financiamiento para los cuidados de larga duración y se dedicó a analizar cómo garantizar y asegurar la continuidad de la atención a aquella parte de la población que presenta distintos niveles de dependencia, incluidos los cuidados más severos que requieren internación en centros de larga estadía.
Bajo esta premisa, mencionó el aporte presentado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que desarrolló el concepto de un fondo de cuidados de carácter mixto y cofinanciado, cuya meta sea garantizar el derecho a los cuidados de largo plazo y robustecer el financiamiento del sistema.
Este fondo implicaría la participación de diversos sectores, trabajadores, jubilados y pensionistas y empleadores, más los aportes el propio Estado, una dimensión que el país evalúa desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015.
Bai indicó que este seminario marca el cierre del ciclo de ocho encuentros que integraron la primera etapa del Diálogo Social, dedicada a la escucha activa de la academia, investigadores, especialistas y la ciudadanía sobre diversos ejes temáticos propuestos.
Diálogo Social cierra etapa de escucha con 28 conversatorios y más de 120 insumos
A modo de balance de esta primera etapa de participación ciudadana, Bai destacó la multiplicidad de canales utilizados para escuchar a la ciudadanía y enriquecer el proceso.
Añadió que el proceso culminará la semana próxima con un total de 28 conversatorios realizados en todo el territorio nacional, sumados a 67 audiencias concedidas a instituciones y organismos que solicitaron reunirse con la Comisión Ejecutiva.
Además de los encuentros presenciales, la Plataforma de Participación Ciudadana ha recibido más de 50 entradas o propuestas hasta el momento. Ese medio permanecerá habilitado para recibir insumos hasta el 20 de noviembre, señaló.
Bai concluyó que el objetivo es definir "cuál es la protección social que el país precisa en las próximas décadas para encarar los desafíos enormes que tenemos de cómo garantizar derechos y al mismo tiempo cómo los financiamos". El proceso culminará con la entrega de un documento que integrará todas las propuestas acordadas el próximo 30 de abril de 2026.
