Paseyro presentó estrategia de Uruguay para reducir déficit habitacional y generar ciudades sostenibles

La 34.ª Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe se desarrolló el miércoles 3 en Bridgetown, Barbados, para abordar tres aspectos claves de la financiación de proyectos urbanos ante desafíos como la vivienda, la adaptación al cambio climático y la resiliencia. 

En su primera intervención, la ministra, Tamara Paseyro, reconoció un escenario habitacional complejo, que plantea el desafío de cómo generar que toda la población acceda al stock de viviendas que posee el país.

Avances en marcos regulatorios

En ese sentido, explicó que Uruguay incorpora normativas que le permitan al ministerio, junto con los gobiernos departamentales, la recuperación del stock habitacional.

El país cuenta con un sistema de información “que le ayudará a identificar esas vulnerabilidades y anticiparse a los riesgos”, como el Monitor del Sistema Público de Vivienda, el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares o la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial y el Observatorio Territorial, explicó.

También destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno, así como el rol del sector privado y de los organismos internacionales para ampliar las fuentes de financiamiento, ya que, según indicó, los presupuestos públicos no son suficientes.

Líneas centrales de acción: alquiler social y rehabilitación de viviendas existentes

Durante el abordaje de las políticas habitacionales, Paseyro explicó que el alquiler social está orientado a asegurar la permanencia de las familias en viviendas existentes, ya que, según datos del censo, los núcleos de ingresos bajos comprometen más de 37% de sus recursos en el alquiler, lo cual afecta su acceso a otras necesidades como educación y salud.

En ese sentido, la ministra indicó que el subsidio parcial que brinda el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)  se concreta para prevenir situaciones de informalidad o ingreso a asentamientos. 

Sobre la rehabilitación de viviendas existentes, explicó que muchas familias poseen inmuebles heredados o vacíos, que están deteriorados, pero no cuentan con la capacidad económica para repararlos. Por ello, desde la cartera se planea otorgar préstamos accesibles para refaccionar esas viviendas y ofrecerlas en el mercado, de tal forma que se incremente el número de unidades habitacionales para quienes las necesiten

Transformación del rol del Estado: De regulador pasivo a una estrategia nacional consolidada

En su posterior intervención, Paseyro mencionó que la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano buscará transformar el rol pasivo del Estado en uno activo, en lo que respecta a las regulaciones. Entre los desafíos, mencionó: 

• Gestionar suelo, crédito, riesgo y cooperación, por parte del Estado con otros actores, de manera sostenida.
   
• Fortalecer las capacidades subnacionales a través del desarrollo de programas que otorguen instrumentos a las ciudades y que puedan ser operados por equipos técnicos que trabajen en territorio.   
   
• Definir una arquitectura sostenible, ya que la inversión urbana es un tema de interés para ministerios, operadores de servicios, gobiernos locales, reguladores y sector privado. 

Respecto a los avances, proyectados, sostuvo:

• Ordenar y gestionar el suelo público como un sistema único, no como un conjunto disperso de inmuebles. La creación del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado, dentro de la Dirección Nacional, propiciará la articulación con las intendencias respecto al activo de inmuebles y vacantes ubicados en zonas consolidadas, para que estén a disposición.
   
• Profundizar la coordinación territorial, en especial en el área metropolitana, a partir de la consideración de que se alcanza una mejor distribución del valor urbano cuando movilidad, vivienda, educación terciaria y actividad económica se planifican en simultáneo.
   
• Consolidar modelos transparentes y predecibles de cooperación público-privada, a través de herramientas como activos y fideicomisos urbanos que funcionen siempre bajo la premisa de que la planificación guíe la inversión y no que la inversión defina la ciudad. El financiamiento no se considera como un fin en sí mismo, sino como herramienta para construir ciudades más integradas, resilientes y equitativas.

Al finalizar su disertación, Paseyro hizo referencia al programa Mejoramiento de Barrios, que recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a que junto al Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe (CAF), se comenzará a implementar el nuevo programa Más Barrio, que trabajará en lo relacionado a la infraestructura de viviendas, de espacios públicos y en la seguridad y convivencia.