InfopaísEl 82% de las 63 prioridades que marcó el Gobierno actual están en marcha, destacó Díaz durante su exposición ante integrantes de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, este miércoles 29. De este conjunto de acciones, el jerarca puntualizó que le compete la lucha contra el crimen organizado y, en ese marco, se refirió a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Recordó que durante el período anterior se aprobó la situación de riesgo, pero sin el plan de acción, que se concretó mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En relación a esa estrategia, el prosecretario de la Presidencia mencionó que en 2025 aumentó “en forma importante” la cantidad de personas imputadas y con sentencias en comparación con años anteriores.
Díaz recordó que el Parlamento aprobó varios proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo para mejorar de forma sustancial las normas de lucha contra el lavado de activos y la Ley de Inclusión Financiera.
También mencionó la implementación del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. La decisión implica que los involucrados coordinen los bancos de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, la de Migración, el Banco Central del Uruguay, la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Señaló que el objetivo de esta determinación es que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) detecte aspectos de riesgo, con garantías para los derechos individuales de los ciudadanos. Sobre este último punto, expresó: “Estamos trabajando y esperemos que en el correr de este año se pueda concretar para mejorar los controles”.
Además, se refirió al proyecto de reforma integral del Código del Proceso Penal, elaborado por un grupo asesor calificado que logró consenso. Este documento fue presentado el martes 28 a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado.
Según indicó, la creación del Ministerio de Justicia se encuentra entre las 63 prioridades, medida que responde a la necesidad de jerarquizar la coordinación y las comunicaciones en políticas públicas de justicia y que garantiza el acceso igualitario a los servicios del sistema.
Díaz destacó en su oratoria varios aspectos de la gestión gubernamental, como la política exterior. Sobre este punto, destacó la firma de un acuerdo de asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), cuya vigencia provisoria comenzará este 1.° de mayo. Consideró que la apertura de más mercados integra la promoción del trabajo de los uruguayos.
También mencionó el convenio del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus siglas en inglés), la solicitud para que Uruguay ingrese al Tratado Transpacífico y la integración a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés).
Otro aspecto que subrayó en su discurso fue el desarrollo de una vacuna contra las garrapatas, tecnología veterinaria que afecta el comercio hacia China, país que amplió el cupo de importaciones de carnes uruguayas. Adelantó que en abril se presentarán los resultados del segundo testeo de esta vacuna que desarrollan el Instituto Clemente Estable y laboratorios chinos.
Por otro lado, Díaz recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas informó el interés de varios empresarios para efectuar inversiones por más de 1.000 millones de dólares en Uruguay. A esto, el jerarca sumó la posibilidad de instalar nuevos centros de datos en parques industriales, con cifras de inversión “muy elevadas”.
En cuanto a la seguridad, recordó la elaboración del Plan Nacional como política de Estado a largo plazo, a la par del trabajo planificado por el Ministerio del Interior desde el primer día del mandato.
Recordó que los datos de denuncias indican una baja en rapiñas de un 10%; homicidios, un 7%; hurtos, un 8%; abigeato, un 16%, y estafas y fraudes informáticos, un 17%.
Se refirió al sistema carcelario como uno de los principales problemas en materia de seguridad, con 17.000 personas privadas de libertad. Integrada en gran parte por jóvenes analfabetos, esta población requiere un trabajo de educación y empleo para que la inserción social sea efectiva. Además, destacó la necesidad de que el Ministerio del Interior no sea responsable de elaborar políticas carcelarias.
Asimismo, señaló la incorporación de videovigilancia, en especial sobre carreteras, mediante cámaras con reconocimiento facial, entre otras prestaciones, para identificar vehículos y personas. “Esa es la forma inteligente de trabajar”, enfatizó.
