InfopaísEste miércoles 20, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, y la presidenta del INAU, Claudia Romero, firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer el derecho a la identidad, la búsqueda de orígenes y la protección integral de los derechos humanos de aquellas personas cuyas trayectorias vitales fueron afectadas por prácticas ilícitas durante el terrorismo de Estado.
Tras la firma, Romero resaltó que es un acuerdo inédito que busca indagar en los "archivos de vida" de quienes transitaron por el entonces Consejo del Niño, organismo antecesor al INAU, entre 1968 y 1985. El objetivo es ayudar a quienes tengan dudas sobre su origen o identidad o hayan sufrido la vulneración de sus derechos en dictadura.
En ese sentido, explicó que los archivos de vida contienen los registros de los nacimientos y el posterior transitar de los niños y adolescentes bajo el amparo de la institución. Aseguró además que el acceso a estos documentos puede “echar luz sobre una verdad que ha permanecido oculta hasta el día de hoy”.
Asimismo, señaló que el convenio establece estrictos criterios de respeto y confidencialidad e indicó que se trabajará en la digitalización de las historias con el fin de facilitar el acceso a la información. Este trabajo se realizará de forma articulada e integral entre equipos técnicos del INAU, de la Secretaría de Derechos Humanos y del colectivo Proyecto Memorias Adolescentes de Terrorismo de Estado integrado por ex presos políticos adolescentes en el período (1968-1985), indicó.
Al respecto, recordó que la agrupación había realizado una solicitud en el período de gobierno anterior de la cual las autoridades actuales no estaban al tanto, por lo que afirmó que esta firma inicia formalmente el camino para darles una respuesta.
La jerarca concluyó que encontrar la verdad es una forma de reparación que, si bien no será absoluta, contribuye a sanar y a asumir la responsabilidad del Estado frente a historias crueles que no se deben volver a repetir.
Por su parte, Casablanca, valoró la importancia del acuerdo íntimamente vinculado a la memoria del pasado reciente y la reparación de historias de vida. Asimismo, recordó que el proceso comenzó a fines del año pasado, luego de que las autoridades del INAU hallaran una serie de cuadernos con los registros de niños y adolescentes que pasaron por el entonces Consejo del Niño en calidad de presos políticos. A partir de entonces, se iniciaron las reuniones con los colectivos afectados para concertar el actual acuerdo.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo principal es restituir la verdad histórica. Asimismo, señaló que se evaluará minuciosamente qué información adquirirá carácter público y cuál se reservará para los involucrados, quienes han esperado por estos datos durante mucho tiempo.
Además, remarcó que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado, con acciones que van más allá de lo económico y abarcan la asunción de responsabilidades institucionales, línea en la cual se inscribe este convenio.
Una de las prioridades del Gobierno es extremar todos los recursos para conocer el destino de los detenidos desaparecidos, dijo, y reconoció que actualmente no se cuenta con información provista por quienes participaron en las desapariciones, por lo que destacó la necesidad de avanzar mediante la digitalización y la complementariedad entre archivos de diferentes áreas del Estado.
Por último, la jerarca aseguró que conocer el trayecto de los adolescentes detenidos por el terrorismo de Estado construye memoria y que cada avance en la obtención de datos fortalece la democracia y ayuda a que estos hechos no se repitan nunca más. “Este país no debe vivir nunca más el terrorismo de Estado y para eso trabajamos todos los días”, concluyó.
