
Presidencia fortalece política de derechos humanos con la integración de sus secretarías
Infopaís
La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) continuará desarrollando sus actividades y objetivos actuales, que se resumen en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y el cumplimiento de las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación.
La unificación no implica modificaciones en las responsabilidades vinculadas al pasado reciente. Por el contrario, la dependencia continuará desarrollando todas las líneas de trabajo en esta materia y, para ello, se designará una coordinación específica para el seguimiento y la articulación de estas políticas.
En ese marco, seguirá y culminará las tareas de digitalización e indexación de todos los datos aún en la órbita de la Presidencia de la República sobre las desapariciones forzadas y otros hechos vinculados al período 1968-1985, para su posterior entrega a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Asimismo, ejecutará las acciones necesarias para asegurar la verdad histórica relacionada con la filiación de las personas nacidas en cautiverio o separadas de sus familias biológicas.
También mantendrá el seguimiento del estado de situación respecto a la accesibilidad de toda información que pueda contener elementos de interés para las investigaciones judiciales, extrajudiciales o administrativas relativas a los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, y del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985. Asimismo, promoverá la perspectiva de derechos humanos en la enseñanza de la historia y el pasado reciente en las políticas públicas.
El nuevo esquema de funcionamiento permitirá fortalecer la coordinación institucional, optimizar el uso de los recursos públicos y consolidar una conducción estratégica de las políticas de derechos humanos desde la Presidencia de la República. El objetivo es potenciar las capacidades, asegurar la continuidad de todas las líneas de trabajo y reafirmar el compromiso del Estado uruguayo con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, así como con las políticas vinculadas al pasado reciente.


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