Infopaís
Uruguay comenzó a prepararse para uno de los principales desafíos climáticos de los próximos meses.
El presidente Yamandú Orsi reunió este jueves a los intendentes de los 19 departamentos en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, con un asunto central sobre la mesa: cómo anticiparse a los posibles efectos de un fenómeno de El Niño que ya está establecido y que podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.
La preocupación no es menor.
Los escenarios utilizados para planificar la respuesta estatal contemplan la posibilidad de que unas 25.000 personas deban abandonar temporalmente sus viviendas, incluyendo alrededor de 5.000 evacuados. No se trata de un balance de afectados actuales, sino de una hipótesis de trabajo utilizada para dimensionar anticipadamente los recursos que podrían ser necesarios.
Orsi: los Recursos Estarán Cuando Sean Necesarios
Uno de los puntos centrales de la reunión fue determinar cómo se financiará la respuesta frente a una eventual emergencia de gran magnitud.
El gobierno gestionó líneas contingentes por US$ 750 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Orsi transmitió tranquilidad a los intendentes y aseguró que los recursos estarán disponibles cuando resulte necesario utilizarlos.
Existe, sin embargo, una diferencia importante entre el dinero destinado a atender una emergencia y los recursos necesarios para prevenirla.
Los US$ 750 millones están sujetos a mecanismos que permiten utilizarlos cuando se configuran determinadas condiciones de emergencia. Por esa razón, no pueden simplemente gastarse anticipadamente en cualquier tipo de obra.
El desafío inmediato consiste entonces en financiar trabajos que deben hacerse antes de que lleguen las lluvias más intensas.
Hasta US$ 40 Millones Para Trabajos Preventivos
Para cubrir esa etapa previa, el Ejecutivo habilitó otro mecanismo.
La Comisión Sectorial de Descentralización autorizó un incremento del 50% de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior destinados a mantenimiento, poniendo a disposición de los gobiernos departamentales hasta unos US$ 40 millones.
Ese dinero permitirá avanzar en trabajos considerados fundamentales para disminuir los posibles impactos de las lluvias.
Entre ellos aparecen la limpieza de cañadas, arroyos y otros cursos de agua, mejoras de drenaje y diferentes intervenciones de mantenimiento.
Gobierno e intendencias también están relevando los lugares que podrían utilizarse como centros de evacuación y alojamiento temporal.
Incluso se analiza la posibilidad de que algunos gobiernos departamentales tengan que alquilar instalaciones adicionales si la capacidad disponible resulta insuficiente para atender la cantidad de personas prevista en los escenarios más exigentes.
