Presidencia transferirá archivos del pasado reciente a la INDDHH en cumplimiento de sentencias internacionales

En el marco de las respuestas del Estado ante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Gelman y Maidanik, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDDHH) anunció que transferirá los archivos del pasado reciente bajo su custodia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La medida responde al cumplimiento de las obligaciones fijadas por el tribunal internacional, de acuerdo con lo informado en el sitio web del organismo institucional.

Para llevar adelante el proceso, la coordinadora de Pasado Reciente de la SDDHH, Mariana Risso, confirmó la creación de un equipo de trabajo técnico entre ambas instituciones para organizar, coordinar y ejecutar el proceso de transferencia, así como definir los aspectos técnicos vinculados al manejo, traslado y recepción de la documentación.

Esta acción profundiza la cooperación existente, que ya incluye el envío periódico de archivos policiales digitalizados en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Presidencia de la República orientado a la preservación y el acceso a la información.

Convenio con Defensa para inventariar archivos

De forma complementaria, la SDDHH elabora un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para confeccionar un inventario de sus archivos a nivel nacional. La documentación de esta cartera resulta de especial interés para estudiar el período de quiebre de las instituciones y el terrorismo de Estado, permitiendo profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento ministerial y sus vínculos con otros organismos durante la dictadura cívico-militar.

Para llevar adelante este relevamiento y la descripción general de los fondos documentales, la SDDHH conformará un equipo técnico especializado. El trabajo se articulará con la INDDHH para orientar a sus equipos de investigación hacia los acervos que contengan información relevante para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, consolidando una política pública orientada a preservar, organizar y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.