La alternativa para reforzar la vigilancia marítima quedó atravesada por el debate político y la sensibilidad regional en torno a las Islas Malvinas. La operación continúa en estudio y Cancillería fue llamada a ponderar sus posibles consecuencias diplomáticas.
24 de setiembre de 2026
Infopaís
La eventual adquisición de patrulleros oceánicos británicos abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo Uruguay renovará la capacidad operativa de la Armada Nacional. El gobierno estudia unidades de la primera generación de la clase River ofrecidas por el Reino Unido, en un proceso que todavía no se tradujo en una compra definitiva.
La propuesta comprende los buques HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn. En distintas instancias se manejó la posibilidad de incorporar dos o tres unidades, por lo que el alcance final de una eventual operación permanece sujeto a la evaluación técnica, económica y política del Poder Ejecutivo.
El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Javier García llevó el asunto a la Cámara Alta. Además de cuestionar si las embarcaciones responden plenamente a las necesidades de custodia oceánica, sostuvo que el vínculo militar con Londres requiere una lectura diplomática cuidadosa por la histórica disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
García pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores analice la señal que podría emitir Uruguay si concreta la compra. Su planteo no implica que exista una protesta formal de Buenos Aires por esta operación, sino que advierte sobre un riesgo potencial en un momento especialmente sensible de la relación bilateral.
La advertencia se produce después de la controversia generada en la Expo Prado 2026. La Embajada argentina objetó que, dentro del pabellón británico, las islas fueran identificadas como “Falkland Islands” y cuestionó la presencia de representantes isleños. Uruguay mantiene su respaldo histórico a los derechos argentinos en la cuestión Malvinas, aunque aquel episodio expuso diferencias sobre la forma de manejar actividades promovidas por el Reino Unido.
A esa discusión se sumaron versiones sobre un supuesto cable submarino entre Montevideo y las islas, información que el gobierno uruguayo negó. La sucesión de episodios explica por qué una decisión vinculada con material naval británico puede adquirir una dimensión política mayor a la estrictamente operativa.
La alternativa británica ganó espacio después de la rescisión del contrato firmado con el astillero español Cardama para construir dos patrulleros oceánicos. Ese desenlace obligó al Ejecutivo a buscar opciones que permitan recuperar capacidad de vigilancia en la zona económica exclusiva, combatir la pesca ilegal y otros delitos marítimos, y reforzar las tareas de búsqueda y rescate.
Los River comenzaron a operar a comienzos de la década de 2000. Desplazan alrededor de 1.700 toneladas, trabajan con tripulaciones cercanas a 50 personas y fueron diseñados para misiones de vigilancia, control pesquero, interdicción y apoyo a operaciones de salvamento. La rapidez de disponibilidad aparece como una ventaja frente al plazo necesario para construir barcos nuevos.
El costo, la vida útil remanente y la adecuación de los barcos a los requerimientos uruguayos forman parte del análisis. Durante el proceso se mencionó un valor de referencia cercano a 20 millones de euros por unidad, aunque cualquier cifra final dependerá de la negociación, el acondicionamiento, el equipamiento y las condiciones de transferencia.
También deberá definirse si las unidades usadas constituyen una solución principal o transitoria y cómo se integrarán con otros medios de la Armada. La discusión parlamentaria muestra que la evaluación no se limita al precio: abarca capacidades reales, mantenimiento, logística, plazos de entrega y efectos estratégicos.
Uruguay enfrenta dos necesidades simultáneas. Por un lado, debe fortalecer el control de un espacio marítimo extenso con medios adecuados. Por otro, necesita preservar una relación fluida con Argentina y mantener coherencia con su posición histórica respecto de Malvinas.
Mientras no exista una resolución definitiva, la compra continúa siendo una posibilidad. El próximo paso relevante será conocer la evaluación técnica de la Armada, las condiciones finales planteadas por el Reino Unido y el análisis diplomático del gobierno. Allí se definirá si la oportunidad operativa compensa los costos y riesgos que la decisión pueda generar en el tablero regional.
Chicago alcanzó los US$ 500 por tonelada para julio de 2027, mientras el mercado local sostuvo referencias cercanas a US$ 450. La expectativa por el diálogo comercial entre Estados Unidos y China vuelve a mover el tablero agrícola.
24 de setiembre de 2026
La expansión de la oferta mundial comienza a perder fuerza y el nuevo equilibrio podría impulsar las cotizaciones internacionales. Para la cadena uruguaya, el escenario abre oportunidades, aunque persisten riesgos por costos, clima y demanda.
La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, mantuvo un encuentro con una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el titular del organismo, Rodrigo Mudrovitsch, en ocasión de su visita a Uruguay para participar en el 195.° período ordinario de sesiones de citado ámbito, que se realiza en Montevideo.
