InfopaísEl Ministerio de Ambiente, la OSE y el Banco Interamericano de Desarrollo organizaron el Diálogo Regional de Política de Agua y Saneamiento 2026. El eje central de la actividad fue el debate sobre las estrategias de los países de América Latina y el Caribe para anticiparse a las sequías y fortalecer su resiliencia hídrica.
Durante la apertura, el ministro Edgardo Ortuño señaló que impulsar políticas locales y regionales para garantizar la seguridad hídrica es uno de los desafíos más importantes que enfrentan los países en un contexto de creciente incertidumbre climática.
El jerarca recordó que en 2023 Uruguay sufrió la peor crisis de abastecimiento de agua potable, episodio que probó las capacidades institucionales, la infraestructura y la diligencia del país. A principios de 2026, enfrentó una sequía de menor dimensión y se implementó por primera vez un protocolo.
Por esta razón, y recordando que el acceso al agua potable es un derecho humano consagrado en el artículo 47° de la Constitución de la República, desde el Gobierno se asumió el desafío de fortalecer la seguridad hídrica con una perspectiva de largo plazo y la convicción de que las decisiones de hoy serán determinantes para las próximas generaciones, sostuvo.
"Garantizar la seguridad hídrica es una responsabilidad indelegable del Estado", aseguró.
Si bien el país dispone de recursos hídricos, el desafío es embalsarlos y gestionarlos, reflexionó. En ese sentido, se refirió a algunas acciones en marcha, como la realización de una segunda planta potabilizadora en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, que podrá producir 200.000 metros cúbicos por día.
También mencionó la construcción de la represa de Casupá, en Florida, con una capacidad proyectada de 118 millones de metros cúbicos, lo que duplica el volumen de almacenamiento de agua dulce en el sistema metropolitano.
Además, destacó los trabajos por desarrollar en la Costa de Oro para garantizar el suministro de agua en esa zona durante las próximas décadas.
Por otra parte, Ortuño advirtió que la resiliencia no se logra solo con obras. También se necesita fortalecer la gestión de los recursos, planificar cuencas, mejorar el monitoreo y la alerta temprana, proteger las fuentes de agua, conocer la disponibilidad de recursos subterráneos e incorporar información a la toma de decisiones, explicó.
El secretario de Estado enfatizó que el planeta enfrenta una crisis ambiental que intensifica ciertos eventos, como sequías e inundaciones. Según datos de la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía, que Uruguay integra, desde el año 2000 las sequías aumentaron un 30%.
Para 2050, tres de cada cuatro personas podrían verse afectadas por ellas y, para 2030, la demanda mundial de agua superará la oferta en un 40%, dijo.
Desde el punto de vista económico, actualmente las sequías causan pérdidas por más de 300.000 millones de dólares anuales. Estás pérdidas podrían aumentar un 35% para 2035, aseguró.
