Castillo: Reconocer el daño del terrorismo de Estado es un deber ético y legal

La ley n.° 18.033, del 13 de octubre de 2006, ampara a los trabajadores del sector privado que fueron despedidos, detenidos o se vieron obligados a abandonar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.

Para esta población, se calcula un cómputo ficto de servicios a los efectos jubilatorios o pensionarios o, en su caso, una pensión especial. Esta es una forma de reparación de las consecuencias del terrorismo de Estado contra este conjunto de uruguayos. 

Para administrar los cometidos de la citada norma, fue creada una comisión especial que cumple 20 años de labor. Desde agosto de 2025 está integrada por el representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Federico Baz, quien ejerce la presidencia, y los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Benítez y María Marziali; el Banco de Previsión Social, Ana Clara Bouses y Sebastián Ordoñez; la organización civil Crysol, Gastón Grisoni y José Pedro Olivera, y el PIT-CNT, Lorena Luján.

En la jornada, el MTSS conmemoró los 20 años de dicho ámbito. El titular de la cartera, Juan Castillo, apreció que este tipo de actividades permita difundir entre las nuevas generaciones el “valor de la defensa de la democracia”.

Castillo consideró que “no hay precio ni monto que pueda reparar el daño contra los derechos de las personas y las familias de los afectados”, y que la ley es “una gran herramienta”.

Por último, el ministro destacó el trabajo de la comisión: “Reconocer el daño del terrorismo de Estado en la vida de miles de compatriotas no fue una concesión de nadie, sino que es un deber ético y constitucional de la democracia en nuestro país”.

La citada norma está vigente desde octubre de 2006, informó a la prensa el titular de la comisión, Federico Baz. Desde esa fecha, el referido ámbito analizó 13.035 trámites. En la actualidad, unas 1.500 personas se han acogido a los derechos otorgados por la ley, entre la pensión reparatoria y el cómputo ficto, complementó el jerarca.