El prosecretario de Presidencia vinculó su expectativa a las nuevas prestaciones para la infancia y la adolescencia. Al mismo tiempo, admitió que la evolución de los homicidios exige revisar las políticas y mejorar su aplicación.
Infopaís
Jorge Díaz planteó un escenario de mayor reducción de la pobreza para 2027, apoyado en la puesta en marcha de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El jerarca también llamó a buscar respuestas compartidas frente a la violencia y sostuvo que los recursos destinados a la seguridad deben traducirse en mejores resultados.
Sus declaraciones combinaron una valoración favorable de la evolución de los ingresos de los hogares con una evaluación crítica de la situación de los homicidios. En ambos asuntos, el prosecretario puso el foco en la capacidad de las políticas públicas para producir cambios concretos.
Díaz atribuyó la mejora de los indicadores sociales al crecimiento del salario real, al aumento de las jubilaciones y a las transferencias dirigidas a las familias de menores ingresos. Entre las herramientas mencionó el Bono Crianza, destinado a hogares en situación de vulnerabilidad.
La nueva asignación para la infancia y la adolescencia, creada en la última Rendición de Cuentas, es uno de los instrumentos con los que el Ejecutivo espera profundizar esa tendencia desde el año próximo. El planteo expresa una previsión del gobierno: su alcance deberá evaluarse cuando la prestación esté en funcionamiento y se conozcan nuevas mediciones.
En ese contexto, el prosecretario valoró la reducción de la pobreza registrada durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025. Su expectativa es que el refuerzo de las prestaciones permita ampliar la mejora entre los hogares con niños y adolescentes.
En seguridad, Díaz reconoció que el panorama sigue lejos de las metas oficiales. Se refirió al aumento del 13% de los homicidios en los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior y señaló que el esfuerzo presupuestal no alcanza, por sí solo, para asegurar una reducción de la violencia.
El jerarca estimó que el Estado destina alrededor de 1.300 millones de dólares al área. A su entender, ese volumen de recursos obliga a examinar el funcionamiento de las medidas y detectar qué aspectos requieren correcciones. Aclaró que una eventual revisión de la estrategia corresponde al Ministerio del Interior.
También reclamó que el debate atraviese las diferencias partidarias. Recordó que el crecimiento del delito ha afectado a administraciones de distintos signos políticos, aunque advirtió que ese antecedente no debe servir como excusa para eludir la evaluación de la gestión actual.
Díaz ubicó la circulación de armas de fuego entre las principales preocupaciones y afirmó que intervienen en aproximadamente el 73% de los homicidios. En ese marco, respaldó el decreto impulsado para regular armas y municiones, que contempla un límite de ocho armas por usuario.
El prosecretario consideró que la iniciativa puede contribuir a enfrentar el problema, pero remarcó que su aprobación necesita acompañarse de aplicación y seguimiento. Además, atribuyó a resistencias de la oposición las dificultades para avanzar con cambios legislativos en la materia.
El jerarca abordó asimismo el proyecto anunciado por la española Solaria, con una inversión prevista de 5.700 millones de dólares y una expectativa de 1.500 puestos de trabajo. Precisó que las condiciones siguen en negociación y sostuvo que los acuerdos vinculados a UTE deben preservar la estabilidad financiera de la empresa pública.
Sobre la Fiscalía de Corte, defendió la conveniencia de designar una autoridad titular mediante un acuerdo político. Consideró que esa definición aportaría legitimidad y transparencia al ejercicio del cargo, aunque indicó que las conversaciones están a cargo de otros integrantes del gobierno.
El domingo 22 de noviembre se elegirán los representantes sociales del Directorio. El voto será obligatorio para los habilitados, con excepciones por edad y prestaciones por incapacidad.
Lubetkin ratificó que el viaje sigue previsto para el 6 al 8 de noviembre. La recuperación del pontífice permite avanzar en la organización de su llegada.
La llegada prevista de más de 14.000 vehículos obliga a sumar áreas de almacenamiento y acelerar los traslados. Un antiguo predio ferroviario fue habilitado de forma excepcional para aliviar la presión sobre la terminal.
El riesgo país se mantiene por debajo de sus pares regionales, pese al repunte registrado desde setiembre. La diferencia favorece las condiciones de acceso al financiamiento.
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