PIT-CNT presentó reclamo contra el Estado ante OIT por certificaciones médicas e intentarán conciliación tripartita

 Existe la expectativa de iniciar un proceso innovador de conciliación tripartita que involucre a técnicos de la OIT, delegados sindicales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En las últimas horas, fue presentado texto del reclamo, con la firma del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la participación en la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que tiene lugar en Ginebra, Suiza, del vicepresidente de la central sindical y secretario general de COFE, José Lorenzo López, junto a la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, encabezando una delegación que incluye además a los presidente de COFE y AFJU, Martín Pereira y Pablo Elizalde, respectivamente, y la presidenta de AFGAP, Carolina Arcuri.  

Desde el sector trabajador se considera que el Estado uruguayo “ha violado la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como los principios de la negociación colectiva y la protección del salario”.

Los representantes de la central única de trabajadores expresan que los actos emitidos por el Poder Ejecutivo y la Asamblea General “incumplen varios convenios establecidos por la OIT (números 95, 98, 151, 154, 155 y 161)”. Asimismo, señalan que “se han violado los artículos 8, 44 y 54 de la Constitución de la República”.

En la denuncia cuestionan la vulneración de los derechos garantizados por diversos convenios de la OIT, así como otros instrumentos internacionales ratificados por Uruguay.

“Los funcionarios públicos en Uruguay gozaban de un régimen jurídico en materia de salud con disposiciones específicas en relación con el goce de licencias por enfermedad, en el marco de una normativa general que incluye una variada gama de regulaciones (enfermedad, accidentes, maternidad, paternidad, cuidados, entre otros), normativa contenida en el denominado Estatuto del funcionario público (Ley 19.121) así como en otras disposiciones complementarias, contenidas en diversas leyes”, se señala en el reclamo.

Asimismo, el PIT-CNT y COFE plantean que, según la ley, en ningún caso se descontarán, entre otros, los días que el funcionario no hubiese trabajado durante la semana, la quincena o el mes por enfermedad, lo comprende enfermedades comunes, profesionales y accidentes de trabajo.

Recuerdan que en octubre de 2022 fue promulgada la Ley de Rendición de Cuentas, que entre sus artículos 13 a 26 “crea, en forma arbitraria, un nuevo régimen normativo regulatorio de las licencias por enfermedad”.

Cuestionan que el cambio en el régimen para los funcionarios públicos entró en vigencia el 1° de abril de 2024, a aplicarse para los trabajadores del Poder Ejecutivo, “con algunas excepciones, como diplomáticos, trabajadores del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral y de servicios descentralizados, entre otros”.

 “Luego empezará a aplicarse en los ministerios de menos de 1.000 funcionarios, pasará a varios servicios descentralizados y organismos de contralor y finalmente entrará en vigor con los ministerios más grandes”, señalan en el documento que ha sido presentado ante la OIT.

El Poder Ejecutivo modificó el régimen para los funcionarios públicos por inasistencias, “estableciendo un tope de nueve días de licencia al año, no acumulables, para cubrir las inasistencias justificadas por enfermedad o accidente. Superado dicho tope el funcionario que no pueda desempeñar su labor por razones de enfermedad o accidente debidamente justificadas percibirá el 75% de su salario por todo concepto, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras, con las excepciones establecidas en el artículo 18 de la ley de Negociación Colectiva”. 

La central de trabajadores entiende que el nuevo régimen implica un “retroceso en décadas, en relación con la protección del salario cuando más se lo necesita” y carece del más mínimo respaldo jurídico”.

Por tal motivo, la modificación planteada por el Ejecutivo “no implica otra cosa que una rebaja salarial”. Asimismo, “implica un recorte salarial en forma arbitraria que barre con los derechos de más de 300.000 trabajadores públicos y sus familiares”.

A través del documento se asegura que en la actividad privada la enfermedad del trabajador “constituye un evento que provoca una necesidad económica como consecuencia de la disminución o pérdida de los ingresos habituales. Se trata, en consecuencia, de una contingencia social ante la cual actúa con el objeto de su mitigación el sistema orgánico e institucional de la seguridad social”.

“En tal caso, el trabajador deja de cumplir con las obligaciones emergentes del contrato cesando el pago de su salario. Ante ello, el BPS procede a abonar un subsidio. Debe quedar claro que, si bien el subsidio se establece como un porcentaje de lo percibido por el trabajador, lo que éste recibe no es salario, ya que como se ha dicho las responsabilidades emergentes del contrato están transitoriamente suspendidas mientras dure la licencia por enfermedad”, se expresa en el documento y se afirma que “la cobertura que recibe el trabajador privado está asociada a la situación de suspensión de su vínculo laboral”.

Para el PIT-CNT y COFE no caben dudas que lo establecido en los artículos 13 al 26 de la Rendición de Cuentas constituye “una rebaja salarial como consecuencia de la enfermedad del funcionario, privándolo de parte del salario cuando más lo necesita, lo cual constituye la violación de un derecho humano fundamental”.

También se plantea el incumplimiento de los artículos 8, 44 y 54 de la Constitución de la República, motivo por el cual la central de trabajadores y COFE no descartan iniciar una acción de inconstitucional contra el nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos.

CONCILIACIÓN 

Por su parte, José López declaró al Portal del PIT-CNT, desde Ginebra, que el planteo sindical uruguayo de las y los trabajadores estatales, ha contado con el respaldo y acompañamiento de representantes de la Central Sindical de las Américas y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales.

López resaltó que la OIT les ha ofrecido un innovador ámbito tripartito de “conciliación previa” para comenzar a trabajar en el reclamo. Este estaría integrado por representantes del gobierno, a través del MTSS; delegados de COFE y del PIT-CNT; y técnicos de la OIT.

Aseguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar el ámbito de conciliación, bajo determinadas condicionantes. Dijo que tener una conciliación previa cuando se admite la reclamación de algunas de las partes es una innovación.

“Para la OIT sería un caso novedoso y a la vez muy positivo, ya que establecer una conciliación previa puede evitar la necesidad de llegar a un reclamo posteriormente. Tenemos expectativas de recibir una respuesta positiva por parte del gobierno”, remarcó López.