Con los cambios promovidos en esta nueva ley se genera mayor concentración de la propiedad de los medios; se habilita la extranjerización; se golpea a ANTEL; y se cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo automáticamente por 15 años más la duración de las licencias vigentes.
Las propuestas del gobierno de coalición atacan la libertad de expresión y de prensa introduciendo un mecanismo de censura previa en el artículo 72.
Sobre este aspecto se han expresado con contundencia la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Unesco; la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH; Reporteros Sin Fronteras; la Federación Internacional de Periodistas; la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe; la Alianza Regional por la libertad de expresión e información y hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, la Institución Nacional de DDHH; el claustro de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República; la Organización de la Prensa del Interior; el PIT-CNT; APU; Observacom; Cainfo y la Coalición por una Comunicación Democrática, por considerar que se trata de un mecanismo que impone la censura previa.
Estas modificaciones respondieron a un tratamiento sin discusión, con carácter de grave y urgente sin que se conociera la redacción al momento de votar. Esto constituye un antecedente de prácticas parlamentarias graves y peligrosas para la democracia.El fundamento de esta iniciativa, que una vez más promueve un mal tratamiento a nivel parlamentario, responde a un insistente y público reclamo de sectores empresariales ligados a los medios de comunicación.
La normativa supone un retroceso en la democratización del sistema de medios, ya que elimina todas las instancias institucionales de participación de la sociedad para garantizar la transparencia de las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo en su otorgamiento.
Al mismo tiempo se elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y de esta manera se desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual Nacional.
Por otro lado, la privatización de la transmisión de datos de internet golpea a ANTEL. Al mismo tiempo que se habilita a las grandes empresas a competir con la empresa pública vendiendo internet, en los artículos 13 y 73 limita a ANTEL para competir con ellas, prohibiendo que pueda acceder a licencias para comercializar contenidos audiovisuales tanto en asociaciones con privados como en el sistema público.
El Frente Amplio defiende las empresas públicas y en particular a Antel. Un nuevo gobierno del Frente Amplio ampliará, con honestidad, las conquistas en los derechos referidos a las telecomunicaciones. El acceso a internet de Uruguay supera el 80 %, tenemos una de las mejores coberturas de fibra óptica de la región y del mundo, el Data Center José Luis Massera, el cable submarino que potencia todavía más esa red pública, políticas públicas de acceso a internet como el Universal Hogares y otras. Todas estas políticas han permitido que en Uruguay se haya reducido la brecha digital, que es enormemente desigual en el mundo.
La nueva ley de medios se contrapone con el artículo 229 de la Constitución, que prohíbe expresamente que se creen cargos públicos en los 12 meses anteriores a las elecciones. Es una iniciativa con elementos inconstitucionales. En el proceso de discusión de esta ley ya se cometieron ilegalidades para favorecer a los grandes medios de comunicación.
El proyecto de ley que se sanciona fue públicamente rechazado por el Frente Amplio e importantes organizaciones de la academia y expertos en libertad de expresión, por formas y contenidos.
Montevideo, 8 de agosto de 2024
