Como hemos informado, SUTEL manifestó su rechazo a la decisión del Directorio de ANTEL de habilitar el uso de la fibra óptica y la infraestructura de la empresa estatal de telecomunicaciones por parte de las empresas que competirán con el ente autónomo. Asimismo, la Mesa Representativa ampliada del PIT-CNT respaldó todas las acciones que SUTEL decida llevar adelante contra la privatización y el despojo que, según afirman, se pretende realizar en detrimento del patrimonio de ANTEL y de Uruguay.
En tal sentido, este viernes SUTEL presentó un recurso de revocación ante el Directorio de ANTEL y otro de anulación ante el Poder Ejecutivo, en respuesta a la reciente resolución que autoriza la comercialización de servicios fijos de conectividad por parte de empresas que competirán con el ente autónomo.
Ante tal situación, la secretaria general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonié, explicó al Portal del PIT-CNT que el sindicato presentó un recurso ante el Directorio de ANTEL para que reevalúe la decisión. Indicó que dicho recurso no tiene efecto inmediato. “Solicitamos que tenga efecto suspensivo, pero esa es una decisión que corresponde a ANTEL”.
“Simultáneamente pedimos información, porque en realidad no se hizo pública la resolución. Nos basamos en lo que ha sido publicado en los titulares de prensa y en las declaraciones de uno de los directores de ANTEL, quien ha afirmado que esta es una decisión ‘pésima’ para la empresa pública”, dijo.
Leymonié explicó que, al ser ANTEL un servicio descentralizado, el Poder Ejecutivo “puede responder por el Directorio. Por eso también se menciona al Ejecutivo, debido al vínculo y la responsabilidad que tiene por las decisiones del servicio descentralizado”.
“La primera respuesta debería referirse a cuál es el acto administrativo que se realizó, y esa es la resolución, para que podamos presentar nuestros fundamentos. Esto se enmarca también en la defensa de ANTEL, no sólo en términos políticos como sindicato, sino en lo que es inherente a nuestra condición de funcionarios públicos. Según el estatuto del funcionario, tenemos la responsabilidad de defender la empresa. Por eso, también presentamos el recurso por mérito, oportunidad y conveniencia de la resolución”, dijo la dirigente sindical.
Por otro lado, Leymonié cuestionó la decisión de ANTEL y dijo que “podrán adornarla como quieran, hablando de brindar servicios de conectividad o diciendo que es una resolución que actualiza disposiciones de años anteriores, pero en realidad están creando, nada más y nada menos, un catálogo de precios para el arrendamiento de la fibra óptica”.
“Si bien es cierto que se basan en una resolución de años atrás, no es menos cierto que dicha determinación se adoptó en un ecosistema de telecomunicaciones muy diferente al actual. En aquel momento, no teníamos competidores y los cableoperadores no podían brindar servicios de Internet. Ese contexto no tiene nada que ver con el actual, donde ya no se trata de resolver la conectividad ni de fijar un precio mayorista para ella, sino que ahora toda la inversión realizada prácticamente se regala, porque la retribución debe provenir del desarrollo de los negocios que permite la infraestructura existente”, manifestó.
La dirigente gremial calificó la resolución como “inoportuna y absolutamente incorrecta” y agregó que se trata de “un eslabón más en una cadena que asfixia a ANTEL”.
“Son tan cínicos que, para justificar lo empresarial en el sector privado, son expertos, pero cuando hablan de ANTEL, parece que la tratan como una plastilina que pueden moldear a medida de los privados. Los intereses empresariales se escurren como el agua. El escudo que ponen es que se basan en una resolución del Frente Amplio, y como lo dijo el FA, entonces el sindicato va a decir ‘amén’. Esto nos tiene molestos, porque confrontamos desde el punto de vista de las ideas. No confrontamos en función de quién toma la decisión”, aclaró.
Agregó que si la coalición de gobierno toma alguna decisión favorable para ANTEL, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, lo han reconocido. “No hemos afirmado que ANTEL haya detenido absolutamente la inversión, porque continuó con el cableado de fibra óptica y culminó el proyecto, lo cual es correcto y lo reconocemos, ya que es lo que corresponde. Cuando ANTEL se puso a disposición durante la pandemia, también lo reconocimos. Por lo tanto, nuestra postura no depende de quién emita la decisión”.
“Confrontamos una resolución que consideramos incorrecta, inoportuna y perjudicial, y todo esto es especialmente grave porque se suma a otras situaciones, como la reciente aprobación de la Ley de Medios, que pretendía incorporar la obligatoriedad de ANTEL en el arrendamiento de fibras”, expresó.
En primera instancia, se presentó el recurso. Luego, hay un plazo para presentar los fundamentos, y es entonces cuando comienza el proceso jurídico, remarcó.
La dirigente sindical también manifestó que SUTEL ha decidido mantener entrevistas con los distintos candidatos a la Presidencia o las fórmulas presidenciales para intercambiar ideas y conocer su concepción actual y sus aspiraciones a futuro en materia de telecomunicaciones.
En ese sentido, destacó que “Internet es un derecho humano fundamental, ya que no hay experiencia en el mundo de que un privado haya garantizado de forma universal y democrática el acceso a un derecho humano tan esencial como lo es Internet”.
“Debemos saber también qué papel jugará ANTEL, porque para los trabajadores, el instrumento para garantizar ese derecho es nuestra empresa pública. Sin embargo, necesitamos entender, según las concepciones de cada fórmula presidencial, cuáles serían los caminos a seguir, qué lugar ocuparán los trabajadores de ANTEL y cómo se percibe la trayectoria del ente a lo largo de la historia. Pretenden aislar a los trabajadores, como si fuéramos obstinados y caprichosos, pero en realidad no es una casualidad, sino el resultado de la labor de nuestros trabajadores y de la lucha del pueblo en su conjunto, como se evidenció en el plebiscito de 1992 y en la recolección de firmas de 2002, instancias que reafirmaron la existencia de ANTEL como una empresa pública, estatal y eficiente”, sentenció Leymonié.
