En declaraciones publicadas en la portada de El País, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer, afirmó que el costo de estas licencias supera los 2,5 millones de dólares anuales, sugiriendo que representan una carga insostenible para el sector. Sin embargo, estas cifras son incorrectas y reflejan una manipulación deliberada de los datos, con la clara intención de desprestigiar la actividad sindical.
El costo real de las licencias sindicales en 2023 fue menos de la mitad de lo declarado por la ABPU, representando apenas el 0,35% de la masa salarial total de los bancos privados, incluidos los aportes a la seguridad social.
Para ponerlo en contexto, esta cifra es comparable a lo que un solo gerente general de un banco extranjero ganó durante ese mismo año.
Además, AEBU utiliza menos de una sexta parte de las licencias gremiales previstas en los convenios colectivos. Por lo tanto, este costo, ya laudado, no debería ser problemático para el conjunto de instituciones privadas extranjeras que reportan ganancias récord de forma constante.
Lo que realmente cuestiona la ABPU es el costo de cumplir con derechos fundamentales, reconocidos tanto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como por las leyes del país en el que operan. Si bien todos los derechos implican un costo, algunos deben ser priorizados por su importancia para el bienestar de los trabajadores y el mantenimiento de relaciones laborales serias y modernas.
Ante esta campaña de desinformación, AEBU insta a abrir un debate transparente sobre los verdaderos costos salariales en los bancos privados. No solo en torno a los derechos laborales, sino también respecto a los altos salarios, compensaciones, bonos, vehículos y viviendas asignados a los altos ejecutivos del sector financiero. Este debate pondría en evidencia cómo se distribuyen realmente los costos laborales que repercuten en los servicios ofrecidos a los clientes.
La estrategia de los bancos es clara: desviar la atención y situar a los trabajadores y sus derechos en el centro del problema. Sin embargo, lo que verdaderamente socava la confianza en el sistema financiero es la desinformación que promueven. Al manipular cifras y tergiversar la realidad, los bancos privados erosionan la credibilidad de instituciones cuyo mayor activo es la confianza de sus clientes.
Este es un ataque injustificado contra los trabajadores, las libertades sindicales y el derecho colectivo. Nada nuevo por parte de esta Asociación de Bancos Privados, que elige a diario el camino de la confrontación y el conflicto.
OSE comunicó la postergación del cobro de las facturas por los servicios de agua potable y saneamiento a los evacuados y autoevacuados tras las inundaciones y eventos meteorológicos de las últimas semanas. Además, instaló un comité para trabajar sobre la prevención de los efectos de El Niño, evento meteorológico anunciado para los próximos meses.
