Invitada por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la directora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación, Fabiana Goyeneche, participó en este tercer encuentro, compartiendo experiencias de Montevideo en materia de protección a personas migrantes, refugiadas y desplazadas.

Con el objetivo de proteger a las personas refugiadas y apátridas en países de origen, tránsito, destino y retorno, en el año 1984 se elaboró la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

Se trata de uno de los instrumentos jurídicos más relevantes en materia de protección y soluciones en América Latina y el Caribe, elaborado bajo los principios de solidaridad, asilo y protección de las personas refugiadas, consolidando la cooperación en la región.

Tras esta declaración, que este año cumple su 40º aniversario, surgió el Proceso de Cartagena, con el fin de encontrar soluciones para las/os refugiados y desplazados.

A partir del año 2004 la región comenzó a desarrollar planes de acción decenales -el Plan de Acción de México de 2004, el Plan de Acción de Brasil de 2014- para abordar de forma colaborativa los retos cambiantes del desplazamiento.

Este año inició el proceso de Cartagena+40, por el que los países de América Latina y el Caribe trabajarán conjuntamente para la concreción de un nuevo plan estratégico regional: la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024 - 2034.

Consiste en un programa de diez años adaptado para el Pacto Mundial sobre los Refugiados, bajo los principios de solidaridad, cooperación y pragmatismo, entre sus principales.

Para su elaboración se conformó una secretaría técnica integrada por ACNUR y el Gobierno de Chile. En lo que va del 2024 se han realizado dos consultas temáticas del Proceso C+40, con representación de diversos actores: en abril en ciudad de México (México) y en mayo en Brasilia (Brasil).

MONTEVIDEO Y EL PROCESO C+40
Nuestra ciudad participó en la segunda consulta y formó parte de la tercera: fue el 19 y 20 de junio en Bogotá (Colombia) y estuvo representada por la directora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la comuna, Fabiana Goyeneche, invitada por ACNUR y representando, a su vez, a la red Mercociudades.

En particular, el objetivo de esta tercera consulta fue identificar y promover, de forma conjunta, soluciones para fortalecer la respuesta regional, protección, preparación y resiliencia de personas desplazadas por los efectos del cambio climático.

El desplazamiento forzado de personas por desastres producto del cambio climático actualmente significa uno de los mayores desafíos para Estados, gobiernos locales y la comunidad internacional.

Este tema ha sido integrado en las agendas de los foros consultivos sobre migración, tales como la Conferencia Regional sobre Migración, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y la Comunidad del Caribe, entre otros.

A su vez, está previsto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie al respecto, a la solicitud de la Opinión Consultiva presentada por los países Chile y Colombia sobre “Emergencia climática y derechos humanos”.

En ese sentido, en 2023 Montevideo fue el único gobierno local que presentó un documento con varias formulaciones ante la CIDH, para definir y destacar el rol que los gobiernos locales ocupan en la lucha contra el cambio climático, entendiendo que la defensa del ambiente implica necesariamente la protección de los derechos humanos -como lo es, en este caso, la protección de personas desplazadas y refugiadas- y es también una cuestión de justicia social.

En mayo de este año nuestra ciudad, a través de la directora Goyeneche, participó en una audiencia pública de la CIDH en donde expuso este posicionamiento: “queremos pedirle a la Corte que determine cuáles son las obligaciones diferenciadas de los gobiernos locales en la salvaguarda de los derechos humanos, en contexto de afectaciones al derecho a la salud y al medio ambiente sano”.

Los resultados de la tercera consulta del Proceso C+ 40 se sumarán a los ya definidos en México y en Brasil, respectivamente, y servirán de base para la redacción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024 - 2034, a concretarse en la ciudad de Santiago de Chile (Chile) en diciembre de este año.

Además de representantes de gobiernos nacionales y locales, formaron parte del proceso organizaciones de la sociedad civil; de personas refugiadas, desplazadas y apátridas; la academia; el sector privado; actores internacionales de desarrollo y de financiamiento; instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos; y organismos internacionales.

EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA MOVILIDAD HUMANA
La región de las Américas ha sido pionera en el involucramiento y liderazgo de los gobiernos locales para dar respuesta a las necesidades de la población desplazada y de las comunidades de acogida.

Este rol se refleja también en la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, que fue adoptada por 21 países de la región en 2022 y en donde se destacó como uno de sus pilares fundamentales “la integración y apoyo a las comunidades de acogida”.

También va en consonancia con las agendas globales que los gobiernos locales han adoptado. Es el caso de la Agenda 2030 de ONU, donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, por ejemplo, plantea avanzar hacia ciudades inclusivas y resilientes.

Montevideo tiene su propia trayectoria en materia de protección e inclusión de las poblaciones migrantes y refugiadas.

Forma parte del programa "Ciudades Solidarias" de ACNUR desde hace más de 10 años y en el año 2022, en el marco de la presidencia de Mercociudades de la intendenta Carolina Cosse, firmó un acuerdo con esta organización para facilitar la incorporación de los gobiernos locales a la iniciativa.

En 2023 Montevideo renovó su acuerdo con ACNUR para continuar desarrollando políticas públicas de integración, destinadas a mejorar la vida de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas forzosamente y apátridas en el país.