Ec. Bruno Giometti: "El 80% está en peores condiciones"

El economista Bruno Giometti reveló que la única franja de la población cuyos ingresos aumentaron en relación a 2019 es la del 20% más rico, mientras que "el 80% restante está en peores condiciones". Asimismo, confirmó que la pobreza en general y la pobreza infantil son más altas que en 2019, lo que demuestra que "se agravó la desigualdad".

No es un dato menor: el gobierno efectivamente cumplió su promesa de favorecer a los más ricos, priorizar y estimular a los 'malla oro' para que pudieran "pedalear" aún más rápido. "Quitarles el lastre", dijo el presidente cuando explicó su teoría económica del reparto del esfuerzo, al explicitar algunas definiciones en materia impositiva. Y cumplió. Claro, el resultado es -por lo menos- tenebroso: el 80% de la población hoy es más pobre o se encuentra en peores condiciones que cuando comenzó el gobierno de la 'prosperidad selectiva' o 'pobreza responsable'.

En este contexto, el economista Bruno Giometti se refirió a la situación económica actual de Uruguay y a las perspectivas de cara al futuro próximo, de acuerdo a la orientación que tenga el próximo gobierno. Giometti se refirió al incremento de la desigualdad y a la concentración del ingreso, señalando que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza existente del país. Además, lamentó los recortes en el Estado de bienestar, especialmente en educación y salud.

¿Cuál es la situación del país en materia económica?

-El Uruguay no está en la situación del año 2004, en términos de una debacle o de empobrecimiento generalizado, ya que hace veinte años teníamos un 40% de pobreza, 20% de desempleo y una emigración masiva; pero claramente tampoco estamos en una situación satisfactoria. Es notorio que la relación entre el trabajo, los salarios y los precios hace que la mayoría de la gente tenga problemas para llegar a fin de mes. Las encuestas indican que dos tercios de los uruguayos no llegan a fin de mes o manifiestan tener dificultades para hacerlo. Tenemos 550.000 ocupados que tienen ingresos inferiores a los 25.000 pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para llevar una vida medianamente decorosa. Entonces, sería un error afirmar que estamos en una realidad de debacle generalizada como en el 2004 pero tampoco se puede afirmar, como a veces se intenta establecer desde el gobierno, que estamos 'en el mejor momento de la historia' porque no es así. Estamos enfrentando una serie de problemas estructurales económicos y sociales que se vienen arrastrando de larga data y otros que se han profundizado en los últimos cuatro años. Diría que la situación económica de la mayoría de la población trabajadora y de los sectores populares no es para nada satisfactoria y que ha aumentado la desigualdad, lo cual es preocupante.

-En materia de empleo, por ejemplo, el gobierno ha puesto mucho énfasis en la creación de nuevos puestos de trabajo pero el Instituto Cuesta-Duarte y el movimiento sindical en general han cuestionado la calidad de esos empleos.

-Así es. Notoriamente, en el quinquenio transcurrido entre 2015 y 2019 tuvimos una situación compleja en términos de empleo. Se habían perdido unos 50.000 puestos de trabajo, lo que claramente estaba relacionado con el empeoramiento de las condiciones externas y regionales de la economía, pero también con que no se habían podido superar algunos límites estructurales en materia del modelo económico como para seguir generando empleo.

Lo cierto es que el gobierno actual, después de los años de la pandemia, cuando en 2020 hubo una caída adicional del empleo, logró recuperar las cifras de empleo y superar los niveles de 2019. Desde el punto de vista cuantitativo, hoy hay unas 80.000 personas ocupadas más que en 2019. La tasa de empleo, es decir la comparación entre la cantidad de personas ocupadas y la población en edad laboral, también mejoró respecto a 2019, aunque sin alcanzar los niveles máximos que se habían alcanzado allá por los años 2011 a 2014. Sin embargo, en cuanto a la calidad del empleo, es donde se constata que no se lograron avances significativos, mientras que en ciertas dimensiones de la calidad del empleo (como el ingreso de los trabajadores) lo que hubo fue un deterioro.

En términos de ingresos, hay 100.000 ocupados más, en comparación con 2019, que perciben retribuciones por debajo de los 25.000 pesos mensuales. Si miramos la proporción sobre el total de ocupados, también ha empeorado. En 2019, el 28% de los ocupados ganaban salarios sumergidos y en la actualidad son el 33% del total.

Esto también está relacionado con el aumento de la desigualdad. Existen datos que ilustran esto. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que, al dividir la población en cinco franjas, en 2023 la única franja que ha tenido ingresos superiores a los de 2019 es la del 20% más rico, mientras que el 80% restante está peor. Asimismo, el índice de Gini, que es un indicador que resume la desigualdad, es más alto. Hay solamente tres países en toda América Latina que tienen hoy una desigualdad mayor a la que tenían antes de la pandemia y Uruguay es uno de ellos. Hay 60.000 pobres más que en 2019, a pesar de que la actividad económica y el empleo están por encima de los niveles de ese año. Donde más aumentó la pobreza en la franja de los menores de edad, lo que supone un fuerte condicionamiento, cuando no una condena, para el resto de la vida de estos niños. Entonces, hay toda una serie de indicadores que muestran claramente un empeoramiento en materia de desigualdad.

-¿A qué se debe ese empeoramiento?

- Las economías de mercado tienen naturalmente a generar desigualdad y para evitarlo los Estados deben implementar medidas contundentes con el objetivo de contrarrestar esa tendencia. Esto fue lo que faltó en estos años. Lo que ocurrió en 2020 fue que hubo una pandemia y si bien el gobierno tomó algunas medidas focalizadas atendiendo a la población vulnerable (en buena medida utilizando herramientas ya existentes anteriormente) priorizó el ahorro fiscal, con lo tuvimos 100.000 pobres más ese año. Por su parte, entre 2021 y 2022 la economía se recuperó rápidamente, impulsada por un buen contexto externo, altos precios internacionales y récords en la agro exportación. Sin embargo, aquellos sectores rezagados -principalmente los asalariados y los pequeños comerciantes vinculados al mercado interno- no se recuperaron al mismo ritmo.

El gobierno implementó una política salarial de recuperación del salario real que fue muy moderada y terminó generando ese rezago salarial. En las pautas salariales, la única diferenciación que hubo fue a la baja. A los sectores muy afectados, como los vinculados al turismo, entre otros, se les planteó que recién recuperarían sus salarios a mediados de 2026. Mientras tanto, el resto de los sectores tuvo como pauta del gobierno, que recién recuperarían a fines de 2024 el salario real que tenían en 2020. Los sectores con sindicatos más fuertes lograron, de manera legítima, una recuperación más rápida o incluso evitaron la pérdida de salario real, como fue el caso de la construcción. Por otro lado, los sectores con organizaciones sindicales menos robustas y condiciones de negociación más desfavorables terminaron rezagados. El ejemplo más destacado es el de los trabajadores rurales, quienes recién en 2024 están recuperando los niveles salariales que tenían en 2020.

Los asalariados del sector agropecuario estuvieron perdiendo poder adquisitivo durante cuatro años completos, y además, el nivel inicial de sus salarios ya era bajo. Esto sucedió en un sector que experimentó un récord de exportaciones en 2021 y 2022, aunque también enfrentó dificultades debido a la sequía y a un atraso cambiario. Sin embargo, hay sectores donde los salarios quedaron rezagados con una pérdida acumulada de cuatro o cinco años, a pesar de que la actividad económica de estos sectores se recuperó mucho más rápidamente. Esto refleja la falta de una política gubernamental contundente; por ejemplo, podría haberse implementado una pauta salarial más favorable para los salarios más bajos o establecer una recuperación más rápida en sectores donde el Producto Bruto Interno (PBI) ya se había recuperado, pero esto no se llevó a cabo.

También hubo recortes en el Estado de bienestar. Aunque se realizaron algunos ajustes en las sucesivas Rendiciones de Cuentas para recuperar parte del Presupuesto, al analizar el quinquenio en su totalidad, se observa un recorte. Los recortes más significativos se dieron en educación y salud. En educación, hubo un recorte muy marcado en el primer año, reflejado en el presupuesto, lo que se fue acumulando en los años posteriores. La información de la última rendición de cuentas indica que en el sistema educativo público se acumuló un recorte presupuestal de 261 millones de dólares en cuatro años, tanto en salarios de los trabajadores de la educación, como en gastos de funcionamiento e inversiones. En salud, se observó una situación similar: si excluimos del cálculo los gastos extraordinarios por la pandemia, también hubo un recorte presupuestario.

-¿En educación por ejemplo, se perdieron 45 jornales?

En cuanto al salario docente, hubo un recorte significativo en 2021, equivalente a toda la inflación acumulada en dicho año. A partir del año siguiente se fue recuperando debido al convenio firmado entre los sindicatos y el gobierno, aunque el monto de dinero resignado estrictamente nunca se recupera. Se recupera el nivel anterior, pero lo que se pierde en el transcurso, es deterioro de las condiciones económicas del trabajador.  

La UDELAR fue severamente castigada en términos presupuestales, a pesar del papel crucial que jugó la investigación científica en el marco de la pandemia, Algunos de los técnicos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) participaron activamente en los reclamos presupuestarios de la UDELAR, sin embargo, el gobierno le aplicó un fuerte recorte, perjudicando entre otras cosas la posibilidad de continuar con el proceso de descentralización universitaria.

-La oposición dice que, de acceder al gobierno, aspira a lograr el 6% del PBI para la educación, más un 1% para investigación. ¿Es una cifra posible?

-Existe una serie de necesidades presupuestales en áreas centrales que después habrá que ver si en su conjunto se pueden articular dentro de una propuesta presupuestal que sea consistente. El 6% más 1% es una reivindicación histórica del movimiento sindical y de la izquierda política, por lo tanto, es razonable que el partido que está en la oposición lo plantee como una propuesta programática. Los países que se han logrado desarrollar invierten por encima de esos porcentajes en educación y en ciencia; es un planteo con mucho sustento. También se habla de incrementar los recursos para inversión en vivienda, otro de los temas estructurales en los que nuestro país tiene un rezago, a pesar del fuerte aumento de los beneficios para la inversión privada en la construcción. Asimismo, se necesitan más recursos para atender la problemática de la pobreza infantil, un aspecto en el que hay consenso.

En el marco de la situación de déficit que persiste, el cual también es estructural y que este gobierno, más allá del ajuste fiscal realizado en los primeros años, no resolvió debido al incremento de los gastos en el año pre electoral y el año electoral. En este sentido, el problema del déficit fiscal es similar al que existía en 2019, del orden del 4% del PIB. En aquel momento, muchos consideraban que era prácticamente una situación de catástrofe, mientras que ahora parece que el problema no es tan grave bien. Aquí entra en juego una discusión relevante y compleja en un año electoral, ya que nadie quiere hablar de impuestos ni de cómo el Estado podría mejorar la recaudación, a pesar de entender la necesidad de mejorar el presupuesto en varias áreas, como se planteó por parte del PIT-CNT el 1º de Mayo. El tema tributario no se reduce a considerar aumentar determinados impuestos, sino también a revisar las exoneraciones fiscales y a mejorar la eficiencia recaudatoria por la vía de reducir la evasión.

Hay que entablar una discusión conceptual. Los impuestos no son algo abstracto; es cierto que existe una carga fiscal promedio en la economía que no se puede aumentar indefinidamente, pero también es cierto que no todos los impuestos son iguales. Por ejemplo, el IVA es un impuesto regresivo que afecta más a quienes tienen ingresos bajos y deben destinar la mayor parte de su ingreso al consumo. En cambio, los impuestos sobre el gran capital, las grandes fortunas y los sectores con altos ingresos son otra categoría completamente diferente.

A modo de ejemplo, Brasil comenzó a aplicar un impuesto a las grandes fortunas; obviamente, los sectores poderosos protestan, pero al final de cuentas, a lo que se llega es que estos sectores tengan que resignar una porción muy pequeña de sus ganancias y con esos recursos se podrían financiar programas públicos contundentes. Habrá que discutir cuáles son las modificaciones en materia que permitan avanzar en materia de igualdad y sin que eso implique un impacto negativo en la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Sin lugar a dudas se deben revisar las exoneraciones fiscales, que hoy ascienden a más del 6% del PIB y que en algunos casos no se justifican desde el punto de vista del desarrollo nacional.

-¿Es viable imaginar en Uruguay un impuesto similar al que está aplicando Brasil a las grandes fortunas?

-El concepto ya ha sido planteado anteriormente, incluso en el discurso de Marcelo Abdala del 1º de Mayo donde fue muy claro al denunciar que existe un 1% de la cúpula del poder económico en Uruguay -que aunque quizás no se pueda comparar con los ricos a nivel internacional- que tienen un nivel de riqueza e ingresos que claramente sobresale en la escala uruguaya. Dijimos antes que el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza. Además, también está estudiado que buena parte de la riqueza concentrada en los sectores más ricos se transmite por herencia. Esto también desmitifica la idea del esfuerzo y la meritocracia, aunque existan casos excepcionales, como deportistas que salieron de barrios populares o empresarios con ideas muy innovadoras. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de la riqueza, especialmente la empresarial y financiera, es heredada. Por lo tanto, si alguien tiene mérito en mantener o aumentar ingresos a partir de la riqueza, es porque tuvo una base anterior que no todos poseen.  ¿No será posible que sectores en tal situación de privilegio, aporten un poco más para poder financiar políticas públicas y políticas de desarrollo que nos favorezcan a todos?

-En cuanto al plebiscito por la seguridad social, desde el gobierno se ha expresado que si se aprueba la reforma el país podría ser "ingobernable". ¿Cuál es su visión?

- La discusión política informada y basada en datos reales será fundamental en esta etapa, especialmente con las elecciones presidenciales y parlamentarias próximas, además de dos plebiscitos significativos. Uno de ellos, impulsado por el PIT-CNT, busca establecer tres criterios fundamentales en la Constitución de la República para fortalecer la seguridad social. Se propone que el Parlamento reglamente y ejecute estas cuestiones en un plazo de 24 meses, en el marco de un diálogo social genuino para una reforma integral de la seguridad social, a diferencia de lo que es la Ley 20.130 aprobada por el actual gobierno.

El origen de este plebiscito se debe a que el gobierno actual planteó una reforma jubilatoria que hizo recaer todo el peso del ajuste sobre los trabajadores, aumentando la edad de jubilación y reduciendo las prestaciones, sin exigir contribuciones adicionales al capital o a los sectores más poderosos. Además fue una reforma centrada únicamente en las jubilaciones, sin abordar las transformaciones en el mundo laboral ni los cuidados, aspectos esenciales para una seguridad social más amplia y equitativa, que deberán abordarse en una futura reforma.

El plebiscito propone revertir el congelamiento de la jubilación mínima impuesto por el gobierno actual y recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años de edad, principalmente teniendo en cuenta que la reforma realizada por el actual gobierno no tomó en cuenta la precaria situación en que quedan las personas que tienen entre 60-65 años y pierden el trabajo. El tercer aspecto tiene que ver con la eliminación del sistema de AFAP que no ha dado a la gente los resultados prometidos por sus impulsores y transitar hacia un sistema donde el sistema de seguridad sea completamente público. Este punto genera tensiones políticas significativas debido a visiones filosóficas distintas respecto al papel del Estado en la seguridad social.

-Hay una campaña donde, hasta ahora, se han señalado distintas amenazas, una de ellas, por ejemplo, sostiene que el efecto directo de equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo, seguramente provocaría el congelamiento del salario mínimo.

- Una consecuencia de ese tipo tendría mucho más que ver con la voluntad política de cada gobierno que con lo que plantea el plebiscito. El fundamento de equiparar la jubilación mínima con el Salario Mínimo Nacional es revertir el congelamiento de la jubilación mínima establecido por el actual gobierno y retomar el aumento de las mismas. Durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2019, la jubilación mínima se multiplicó por tres y el salario mínimo por dos y medio en términos reales, sin que ello provocara un descalabro económico. Aspiramos a una política que aumente tanto el salario mínimo como las pasividades mínimas, a medida que la economía crece, porque eso va en un sentido de mejora de la igualdad.