Eduardo Rinesi: visión latinoamericana para pensar el derecho universal a la educación superior

 Antes de la conferencia, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, dio la bienvenida a Rinesi y valoró la oportunidad para reflexionar sobre el carácter de lo público y sobre las disyuntivas y desafíos de política que tienen hoy las universidades latinoamericanas. A comienzos de la década de los 90 nuestras universidades atravesaron un momento de resistencia «ante la instalación de un discurso de los organismos internacionales que veían a la educación superior como un bien privado y que por lo tanto los mecanismos de financiamiento para sostenerla debían provenir de la privatización», relató.
Agregó que las universidades públicas «a las que pertenecemos, queremos y defendemos» no solo deberían mirarse en el espejo lo que fueron algún momento, «no anclarse en pensar lo público solamente como sinónimo de lo estatal, sino pensar en forma propositiva que su carácter de bien público presupone que sean capaces de brindar a las sociedades bienes de calidad que sostienen su bienestar trascendiendo las coyunturas; este es nuestro ideal». Señaló que también es necesario discutir sobre procesos de privatización interna que atraviesan a las universidades públicas y observó que en nuestra región han prosperado y prosperan concepciones que cuestionan el carácter de bien público de la educación superior y también «los espacios de discusión y debate respetuoso de nuestras universidades».

 Martinis se refirió a la trayectoria del profesor Rinesi, a quien presentó como «una voz potente y acreditada» que ha interpelado la realidad de las universidades públicas y del derecho a la educación. Agregó que los 175 años de existencia de la Udelar dan testimonio de los procesos de desarrollo y democratización de nuestras universidades y de sus contradicciones. Nuestra institución «ha logrado ir construyendo una mirada abierta, plural y transformadora para la democratización. Sabemos que este camino está abierto y que en el contexto regional las universidades públicas están siendo vistas como amenazantes en la construcción de un orden global excluyente»; esta situación debe impulsarnos en la reflexión y también en el compromiso, afirmó.
En su conferencia Rinesi explicó que si bien las universidades en el mundo occidental tienen una historia de casi 1000 años, la idea de que esta institución sea fuente de un derecho universal surgió en el siglo XXI «en esta América Latina en el marco de un conjunto de procesos de democratización de la vida social, cultural, educativa». Observó que históricamente, para que cada uno de nuestros derechos fuera proclamado como tal, ocurre un momento en el que una sociedad empieza a considerar «indignante o escandaloso» que cierta posibilidad vital -que veía como privilegio o prerrogativa de unos pocos- no sea una posibilidad cierta y efectiva para todo el mundo.
Agregó que el reclamo por alguno de estos derechos proviene de aquellas personas que no acceden a él, por ejemplo, nadie que efectivamente tenga derecho a la educación lo reclama con vehemencia. Esto «le hace muy fácil el trabajo a la derecha, que lo único que tiene que hacer es constatar que esos derechos que decimos tener, de hecho no los tenemos».

Universidades masivas

Sostuvo que «la vida de un derecho» pasa por distintos momentos: en primer lugar debe ser pensado y luego declarado. Declaraciones tales como la de la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO de 2008 -que afirma que la educación superior es un bien público y derecho humano universal- «no cambian el mundo» pero pueden ayudar a cambiarlo explicó, por ejemplo, favoreciendo que nuestros países legislen sobre este tema. Un tercer momento en la «vida» de un derecho es el de su legislación; las leyes tampoco producen un cambio inmediato al ser sancionadas pero estas «le hablan en primer lugar a los gobiernos» y obligan a un despliegue de políticas públicas y a la asignación de un presupuesto para hacer efectivos tales derechos, señaló.

Respecto al derecho a la educación superior expresó que una vez que la educación secundaria es una obligación, acceder al nivel educativo subsiguiente puede ser considerado un derecho y esto implica «el despliegue de políticas sociales inclusivas que sostengan a los estudiantes en la educación superior». Para su cumplimiento se requieren dos elementos básicos que son la gratuidad y el ingreso abierto sin procesos de selección de las y los estudiantes, no obstante, este derecho debe incluir «el derecho a entrar, a permanecer, a aprender, a avanzar» y en esto las propias universidades y sus docentes están directamente implicados: «tenemos la obligación de seguir formando a los estudiantes en los más altos niveles de calidad» afirmó, «no podemos aceptar como principio que la calidad y la cantidad se oponen; estamos orgullosos de enseñar en universidades masivas».

Rinesi agregó que el derecho a la educación superior no debe ser pensado como uno individual de ciudadanos y ciudadanas -concepción esta que en general está presente en nuestras legislaciones y constituciones de corte liberal-, sino como un derecho colectivo del pueblo, que es el que sostiene con sus impuestos el trabajo de las universidades. «Si esta idea nos resulta difícil de pensar es por lo fuerte que se ha instalado entre nosotros una representación perfectamente individualista de la vida» indicó, «la idea de lo común es lo que está amenazado, acechado todo el tiempo hoy en nuestras sociedades». Sostuvo que el sujeto del derecho a la educación superior «es el pueblo en su conjunto» y este incluye el derecho a recibir formación universitaria y a contar con profesionales que la sociedad necesita para su bienestar y desarrollo.

Señaló que como parte de su trabajo académico, las universidades de nuestra región «deben ofrecer un punto de vista latinoamericano para contribuir a la conversación global, si queremos que la humanidad tenga algún destino». «Propongo dejar de pensar a la universidad como un derecho de los pueblos para pensarla como un derecho de la humanidad en su conjunto y qué estamos dispuestos a cambiar para garantizarlo», concluyó.