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El secretario general del Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA), Andrés Gandini, advirtió que la situación del sistema carcelario uruguayo es crítica y que la insalubridad no es solo estructural, sino también mental. Denunció que los Policías y Operadores trabajan en condiciones extremas, muchas veces solos frente a cientos de reclusos, y sufren represalias de los mandos medios por reclamar mejores condiciones de trabajo. “Todo lo que viven los privados de libertad, lo vivimos también los trabajadores”, afirmó. Criticó además la falta de políticas de rehabilitación, el impacto del nuevo régimen de certificaciones médicas y alertó que “cuidar la salud mental es un lujo que muchos no pueden permitirse”.
NACIONALES23/06/2025 PIT-CNTAndrés Gandini actualmente desempeña funciones en la Unidad Nº 6 (Punta de Rieles Viejo) y trabajó durante 11 años en la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, más conocida como el ex COMCAR. Vivió todo lo imaginable y más. Emboscadas, llantos, gritos desgarradores, el miedo del que sabe que está a punto de ser asesinado por alguno que se la tiene jurada, los intentos de suicidio, el olor de los cuerpos calcinados, los linchamientos salvajes, la muerte.
El secretario general del SIPOLNA habla en nombre de miles que trabajan en donde nadie quiere estar. Allí donde se amontona todo lo que incomoda, daña, lastima, hiere o estorba al resto de la sociedad.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Gandini se refirió a la grave situación que atraviesa el sistema carcelario uruguayo, tras el trágico incendio ocurrido recientemente en la celda 1, sector 12 del Módulo 11 del ex COMCAR, donde fallecieron cuatro personas privadas de libertad.
El dirigente sindical habló del contexto, de una problemática estructural. "Las dificultades del sistema son estructurales, se arrastran desde hace muchos años, más allá del gobierno de turno. Las carencias son generalizadas en todas las unidades, tanto en recursos humanos como en condiciones de hacinamiento. No se trata de comparar cuál unidad está mejor, porque la precariedad es evidente en todo el sistema penitenciario y en todo el país”, aseguró.
Según Gandini, los problemas no se limitan a las unidades de mayor notoriedad como el penal de Libertad o el ex COMCAR. “Recorro las unidades desde 2017, y todas enfrentan las mismas dificultades. Falta de personal policial, de operadores penitenciarios y altos niveles de hacinamiento”, remarcó.
Además de las carencias presupuestales, Gandini apuntó a la visión que tiene la sociedad respecto a las personas privadas de libertad, y dijo que ese es un problema de fondo. "Hay una idea instalada de que quienes tienen conflictos con la ley deben estar encerrados, separados, sin importar si logran o no rehabilitarse. Porque la condena te condena. Incluso después de cumplir la pena, la persona enfrenta nuevas condenas sociales como la exclusión, la imposibilidad de acceder a un trabajo y la falta de oportunidades para reinsertarse. Hay personas que terminan en prisión por un accidente de tránsito o por haber cometido un delito producto de circunstancias extremas. Cumplen su condena, pero cuando salen no encuentran empleo ni herramientas para reconstruir su vida. Esa es otra forma de condena, porque empuja a muchos a reincidir”, expresó.
Para Gandini, la rehabilitación debe ser una prioridad real en el sistema carcelario. “Hoy asistimos a un abandono total”, dijo y agregó que mientras no se aborde esta problemática con políticas públicas integrales, "la cárcel seguirá siendo una fábrica de exclusión".
Gandini también señaló que la efectividad del sistema en términos de rehabilitación se ha reducido drásticamente en la última década y alertó sobre el perfil etario de la población carcelaria, “en su mayoría, personas menores de 35 años”.
Tras la muerte de los cuatro reclusos en el ex COMCAR, el ministro del Interior, Carlos Negro, cuestionó públicamente los efectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y lo que denominó su “filosofía de la prisión como única solución a los problemas de seguridad”.
Consultado al respecto, Gandini opinó que si bien “aumentar las penas quizás no era la solución”, también está convencido de que “no se puede aflojar” en el combate al delito. “No nos olvidemos de que uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía es la inseguridad. Y en los últimos años la seguridad se vino a pique. Por eso creo que no se trata de buscar culpables, sino de reparar ese quiebre que hubo en el sistema”.
El dirigente del SIPOLNA advirtió que, aunque muchos señalan que el endurecimiento de penas no resolvió el problema, tampoco se puede dejar avanzar el microtráfico de estupefacientes ni minimizar su impacto. “La delincuencia sigue creciendo, y si no hay respuestas firmes, el deterioro continuará”.
Gandini fue enfático al señalar que es urgente implementar medidas para descongestionar el sistema carcelario y enfocar los esfuerzos en la rehabilitación. “Creo que hay que apuntar primero a que las personas privadas de libertad tengan una verdadera posibilidad de reinsertarse en la sociedad y comenzar a mirar hacia adelante. El encierro por sí solo no sirve de nada, y tampoco alcanza con decir que los cuiden los policías y los operadores, pero que no los queremos en la calle. Entiendo la desesperación que sintió gran parte de la población en su momento, cuando se clamaba basta de delincuencia. Pero ese camino, el del encierro sin más, tampoco es la solución”, agregó.
En esa línea, insistió en la necesidad de volcar más recursos para atender el problema de fondo. “Hay que empezar a mirar y priorizar lo que pasa dentro de las cárceles. En la jerga se dice que son un ‘mundo aparte’, pero no están ajenas a nuestro mundo. Esas personas salen, vuelven a la sociedad, se relacionan con todos nosotros. Si no trabajamos en su rehabilitación e inserción, vamos a seguir girando en la misma calesita de siempre”.
Advirtió que si no se revé la lógica del sistema, la crisis será recurrente. “Supongamos que este gobierno decide incorporar más operadores y policías para contener la situación desde el punto de vista de los recursos humanos. Aun así, la población carcelaria sigue creciendo, entonces dentro de cuatro o cinco años vamos a estar otra vez en la misma crisis. Por tal motivo hay que priorizar el enfoque en la rehabilitación, sin olvidarnos de que quienes están presos son personas, seres humanos con derecho a una segunda oportunidad. Y vuelvo a insistir, no podemos seguir teniendo una condena que te condena”, remarcó.
De todos modos, Gandini reconoció que en los últimos años han aumentado las oportunidades de trabajo y estudio dentro del sistema penitenciario. “Han crecido muchísimo. No nos olvidemos de que hay personas privadas de libertad que están a punto de recibirse en alguna carrera”, señaló.
Indicó que muchos reclusos culminan la secundaria y otros inician estudios universitarios en áreas como Medicina, Contaduría o Derecho. A su vez, destacó que también hay quienes eligen capacitarse en oficios como construcción, chapa y pintura, carpintería o mecánica automotriz. Sin embargo, subrayó que aún hay mucho por mejorar. “Si hubiera más recursos humanos y un poquito más de recursos para infraestructura, se podría ofrecer mucho más y también existe y eso no podemos omitirlo, hay muchos privados de libertad que, lamentablemente, no quieren ni buscan una salida”.
Por otro lado, Gandini se refirió a las difíciles condiciones que enfrentan diariamente los funcionarios dentro de las unidades penitenciarias. “Yo las viví todas. Es complejo”, afirmó.
Recordó que en su momento llevaron al Parlamento, junto a la doctora Camila Francia y el entonces secretario general Fabricio Ríos (hoy fallecido), el testimonio directo de lo que significa trabajar en el sistema. “Mostramos lo que es entrar a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la tarde, que es un mundo, y luego entrar a las 7 de la tarde y salir a las 7 de la mañana, que es otro mundo totalmente distinto”.
Subrayó que esa misma realidad también la enfrentan los operadores penitenciarios. “Ellos también viven lo mismo que nosotros. Son trabajadores que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pero acá no se trata de quién sufre más o menos. Todos vivimos exactamente lo mismo”.
Rememoró algunos de los momentos más duros que le tocó vivir, como el motín en el “2 viejo”, el antiguo módulo 2 del COMCAR, uno de los más deteriorados en cuanto a infraestructura. “Viví lo que fueron los patios del módulo 8, vi con mis propios ojos situaciones de extrema violencia, como personas apuñaladas que no llegaban con vida a la enfermería. También los incendios, el griterío constante. Todo eso lo vivimos”.
Enfatizó que cuando desde el sindicato se habla de condiciones de insalubridad, no se refieren únicamente a problemas edilicios. “Nos referimos también a la salud mental. Porque todos los trabajadores del INR sufrimos eso. El contacto constante con situaciones límite, la tensión permanente, el ruido, la violencia. Todo eso va afectando”.
Gandini insistió en que las duras condiciones que enfrentan los reclusos también son padecidas por los trabajadores del sistema penitenciario. “Todo lo que ellos viven en lo personal lo vivimos nosotros. Todo lo que se vive dentro de las cárceles, todo lo que las personas privadas de libertad están atravesando, también lo vivimos los funcionarios. Con la única diferencia de que, por ejemplo, el operador, luego de sus ocho horas, se va a su casa. Pero la gran mayoría de los policías, no todos, después de trabajar doce horas, se quedan en una compañía ubicada dentro del propio COMCAR. Y después de descansar, vuelven a trabajar otras doce horas”.
Además, señaló que en algunos casos se suman recargos adicionales. “En algunos lugares se cumplen recargos de seis horas más, además de las doce horas regulares. En el turno nocturno, hay policías que deben cubrir solos un módulo entero. Y eso sigue pasando en el COMCAR”.
También denunció la existencia de “castigos” para quienes se atreven a reclamar mejores condiciones laborales. “Por ejemplo, si un policía manifiesta que no quiere estar solo en un módulo, lo sacan del turno nocturno y lo pasan al diurno. Se lo etiqueta como ‘complicado’. Para los mandos medios, reclamar algo tan básico como no quedar solo frente a 700 o 1.000 reclusos, como ocurre en los módulos 10 y 11, es ser un ‘complicador’”.
Gandini explicó que las represalias pueden incluir cambios de turno, traslados a otras unidades más lejanas o incluso ser enviados al penal de Libertad, como forma de castigo. “Te mandan al penal de Libertad como medida de castigo. El traslado implica una gran dificultad como largas distancias, pocas frecuencias de ómnibus, pérdida del servicio 222, y un enorme desgaste físico y mental. Si no tenés moto o auto, el viaje desde San José a Montevideo te puede llevar dos horas o más”.
El dirigente sindical advirtió además que en el penal de Libertad se mantiene un régimen de recargos debido a la falta de personal. “Trabajás doce horas todos los días, pero además tenés que cumplir dos recargos de seis horas en la semana. Eso implica jornadas laborales extenuantes, que se hacen en el primer o segundo turno. Y todo eso termina afectando la salud física y mental del trabajador”.
El dirigente sindical también se refirió al impacto emocional que implica para los funcionarios penitenciarios convivir con la tensión constante de las cárceles y luego regresar a sus hogares. “En el caso de los operadores y de los policías, es triste, muy triste, porque es muy difícil despojarse de todo lo que se vive a diario y volver a casa como si nada. Quizás quien tiene un viaje largo logra, en ese trayecto, ir soltando algo de esa carga, pero todo lo que se vive ahí adentro queda en la cabeza, no se va”.
Advirtió que no todos reaccionan igual, y que muchos funcionarios, tanto operadores como policías, terminan afectados psicológicamente. “Tenemos compañeros que han sufrido mucho. Pensemos en el caso más reciente y cómo estará la cabeza de los seis policías que intentaron salvar la vida de los cuatro reclusos en el módulo 11”.
Gandini destacó el rol de la contención entre compañeros. “No somos psiquiatras, no somos médicos, pero tratamos de estar humanamente, como compañeros, en el primer momento. Silvana Robaina, que es nuestra delegada nacional, fue la primera en estar en el Hospital Policial. Estuvo allí hasta que los compañeros llegaron. Primero llegaron tres, después los restantes. Son compañeros que vivieron una experiencia muy dura, y Silvana estuvo conversando con ellos, con los familiares, tratando de acompañar”.
Recordó además otro episodio doloroso, el suicidio de un policía dentro de un vehículo, ocurrido tiempo atrás. “Fue una situación trágica. Compañeros estuvieron hablando con él poco antes de que tomara esa cruda decisión. Ese tipo de hechos nos marca a todos. Por eso insistimos tanto en la necesidad de atención profesional para los trabajadores del sistema penitenciario”, subrayó.
Gandini reconoció que el Ministerio del Interior brinda asistencia a través del Hospital Policial, donde los funcionarios pueden acudir a la puerta de emergencia y solicitar atención psicológica. Sin embargo, cuestionó duramente la reforma del sistema de certificaciones médicas, que considera perjudicial para los trabajadores públicos.
“Vamos a suponer que yo, después de 17 años en el INR, me descompenso. Si no se hubiera suspendido la aplicación del nuevo régimen de certificaciones médicas, a los nueve días de estar certificado me empezarían a descontar el salario”, explicó.
Además, señaló que una certificación por salud mental implica consecuencias económicas y laborales. “Si estoy certificado por salud mental, automáticamente me retiran el arma, no puedo hacer el servicio 222, y ya tengo un perjuicio económico. Cuidar la salud mental, así planteado, resulta muy caro”, afirmó.
Gandini compartió su situación personal para graficar lo que viven muchos funcionarios. “Soy el único que aporta en mi casa, tengo seis hijos, la menor de tres años. Pago un alquiler que no es menor a 15 mil pesos y vivo en el barrio Capra, que, como tantos otros barrios de Montevideo, tiene muchas carencias”.
Denunció además la inseguridad que enfrentan los policías que viven en zonas donde opera el narcotráfico. “En algunos barrios, si te ven de uniforme, mandan a robarte el chaleco antibalas o el arma, y eso puede costarte la vida. Tenemos compañeros que viven en asentamientos para abaratar costos, o que deben movilizarse con una sola línea de ómnibus”.
También mencionó las dificultades que enfrentan policías que viven en el interior del país. “Los compañeros que viven en otras partes del país también sufren enormemente. Y ni qué hablar de los operadores, que cumplen su horario pero también están sufriendo el deterioro de su salud mental dentro de las cárceles”.
Por último, reafirmó el compromiso del sindicato con todos los trabajadores, sin distinción. “No importa si son socios o no del sindicato, nosotros vamos a seguir luchando por mejoras en el régimen de certificaciones médicas, por la salud mental, por la insalubridad dentro de las cárceles. Desde SIPOLNA sabemos que vamos a seguir firmes en esa lucha por todos los que trabajamos en el sistema penitenciario”.
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