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Durante su intervención, Barretto indicó que la implementación del régimen (establecido por la Ley 20.075), generó controversias que derivaron en una reclamación formal ante la OIT por parte del PIT-CNT.
“La OIT admitió la reclamación y exhortó a las partes a buscar una conciliación voluntaria, lo que fue aceptado tanto por el gobierno anterior como por el actual”, señaló el subsecretario. Explicó que, como resultado de ese proceso, se acordó la suspensión temporal del régimen por 60 días, medida formalizada mediante decreto, “con el objetivo de abrir un espacio de negociación y revisión”.
Barretto subrayó que el conflicto no se origina únicamente en el contenido del régimen, sino también en su forma de implementación. “Los cambios en las condiciones de trabajo deben ser parte de la negociación colectiva. No compartimos la forma en que se aplicaron las modificaciones, sin diálogo ni participación efectiva de los actores sociales”, sostuvo.
En ese marco, el jerarca afirmó que “el Gobierno no está en contra de introducir cambios, pero sí es firme en la necesidad de transitar los caminos adecuados para hacerlo, respetando los compromisos internacionales y los mecanismos democráticos que Uruguay ha consolidado en materia laboral”. Reafirmó que el país es “el cuarto en el mundo en ratificación de convenios laborales” y que el proceso actual debe estar “a la altura de esa tradición”.
Finalmente, Barretto remarcó que este desafío tiene múltiples dimensiones: “Requiere un esfuerzo de conciliación laboral, una respuesta jurídica adecuada y una voluntad política firme para materializar soluciones justas. El objetivo es que Uruguay no quede entrampado en una disputa internacional, sino que logre resolver de forma legítima y participativa un problema real”.
