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La actividad fue organizada de forma conjunta por el Parlamento del Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Gobierno, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) y la Oficina del OPCC (CEPAL).
La apertura estuvo a cargo de Paloma Morazo, representante residente del PNUD en Uruguay, quien señaló que “la respuesta a la crisis climática requiere una gobernanza que conecte lo local con lo global para construir soluciones justas y sostenibles”. Destacó además la importancia de generar plataformas como esta, orientadas a fortalecer las capacidades legislativas para incidir en debates clave y contribuir a una transición climática con justicia social y perspectiva de género. “Desde el PNUD reafirmamos nuestro compromiso de apoyar estos procesos y de seguir promoviendo una gobernanza inclusiva”, expresó.
En representación del Ministerio de Ambiente, la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza, presentó junto a integrantes de la DINACC los principales desafíos y compromisos del Estado uruguayo en materia de cambio climático. La presentación incluyó una revisión de conceptos fundamentales, el marco normativo vigente, las estructuras de gobernanza climática y los instrumentos de planificación, implementación y seguimiento. Se hizo especial énfasis en los impactos diferenciados de la crisis climática —según territorio, condiciones sociales y género— y en la necesidad de consolidar una respuesta integral desde el Estado, con foco en Adaptación, Mitigación, Transparencia y financiamiento climático.
Este módulo forma parte de una estrategia más amplia para integrar el enfoque climático en el quehacer legislativo, promoviendo el intercambio entre actores técnicos, políticos e institucionales, y fortaleciendo las capacidades parlamentarias rumbo a la COP30. A su vez, se inscribe en un proceso de articulación regional que busca consolidar el papel de los parlamentos como actores clave en la gobernanza climática.
Con prestaciones similares a las de un tren ligero, pero con menores costos de inversión y operación y consumo de energía, un sistema de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) es la opción más adecuada para aplicar en la primera etapa de transformación del transporte metropolitano, según el informe que presentó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM).
