Gobierno e intendencias instalarán oficinas de derechos humanos y de diversidad en todo el país

Setiembre es el Mes de la Diversidad y, en ese contexto, se realizó una reunión de intercambio denominada Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+: Territorios Diversos en Diálogo. 

La jornada incluyó aportes de la sociedad civil y la academia, así como la presentación de un informe sobre trayectorias laborales de personas trans, entre otros temas. 

La actividad fue una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. La titular de esa repartición, Collette Spinetti, se refirió a una coyuntura geopolítica internacional con la que se busca retrasar y detener los derechos humanos, y, en especial, los de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás identidades y orientaciones sexuales (LGBTIQ+). 

Además, dijo que Uruguay “es una isla”, un modelo de respeto y garantía en derechos humanos. 

Señaló que, cuando se habla de comunidad LGBT, no se trata de abstracciones, sino de niños que deben crecer libres de discriminación en sus escuelas, jóvenes que buscan trabajo y son rechazados por su orientación sexual o identidad de género, personas trans que necesitan real acceso a salud y vivienda, personas mayores LGBTIQ+ que vivieron gran parte de su vida escondidas, y hoy merecen reconocimiento y dignidad. 

Acciones 
A través del programa En Cada Territorio, Más Derechos, se producen oportunidades de diálogo con comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales e instituciones públicas para identificar vulneraciones de derechos y articular soluciones. 

Además, se mantuvieron reuniones con los gobiernos departamentales para que, tal como votó el Congreso de Intendentes, las comunas dispongan de oficinas de derechos humanos y de diversidad. 

Asimismo, la Secretaría colabora en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos como una hoja de ruta del Estado para garantizar derechos en vivienda, educación, salud, género y diversidad, y trabaja, junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para avanzar en el acceso a cupos laborales para poblaciones vulneradas.

Esta administración colaboró en el Plan de Educación Sexual Integral y la Guía de la Diversidad en torno a la educación. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyó la renovación del mandato del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género Graeme Reid, entre otras acciones internacionales. Además, desplegó otras, institucionales, para fortalecer la garantía de los derechos humanos, incluida la situación de personas privadas de libertad, sobre todo, trans.

Perpectivas
Spinetti sostuvo que el desafío es seguir territorializando las políticas, escuchando, construyendo junto a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, “que son quienes nos dicen lo que está pasando”, mientras que el Estado debe contar con herramientas para brindar soluciones. 

El subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, dijo que el camino es escuchar y ser claros con el rumbo y las prioridades para evitar que desaparezca lo consolidado. Afirmó que se revisará la Ley Integral para Personas Trans y reconoció que el mayor déficit es la cuota laboral. 

También aseguró que es imperioso trabajar respecto al acoso escolar y la educación sexual. 

La diputada María Inés Obaldía, por su parte, consideró que las leyes no cambian por sí solas la realidad, sino la apropiación social de los derechos. Dijo que “el gozo de los derechos compartidos socialmente vuelve todo más fácil, se vuelve vivencia” y que, desde que lo es, fluye y no hay que reclamarla.