La Asociación de Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (AFUL) reclama la eliminación del artículo 157 del proyecto de ley de Presupuesto, que propone rebajar en 0,5 por mil el impuesto a las exportaciones no tradicionales. Advierte que la medida implicará una “nueva pérdida de ingresos para el laboratorio”, que ya ha sufrido recortes importantes en los últimos años, afectará su capacidad técnica, los controles sobre alimentos y productos importados, y pondrá en riesgo la salud pública y la competitividad exportadora. Exigen instalar una mesa de diálogo con el gobierno y reorientar la inversión hacia el fortalecimiento del laboratorio.
NACIONALES05/10/2025 Portal PIT-CNT
Días pasados, AFUL expresó en un comunicado que el LATU es “la primera línea de defensa de la salud pública, la calidad industrial, la inocuidad alimentaria y la credibilidad exportadora del país”. Advirtió que, sin la institución, “la marca país queda desnuda ante los mercados y los hogares expuestos a riesgos invisibles”.
El sindicato reaccionó así a la decisión del Poder Ejecutivo de incluir en el proyecto de ley de Presupuesto una reducción del 20% de la tasa aplicada a las exportaciones, lo que implicaría 3,5 millones de dólares menos de ingresos anuales para el LATU, sin que se haya presentado un estudio técnico que justifique la medida.
Según AFUL, esta decisión “traslada recursos del financiamiento científico hacia los balances de las empresas exportadoras” y se inscribe en una tendencia que, desde 2020, ha ido debilitando los mecanismos de financiamiento propios del LATU, poniendo en riesgo la estabilidad de la institución.
“Pierde el país, que ve comprometida la capacidad de sostener y modernizar el único laboratorio de referencia; pierde la población, con menos controles ambientales y con menos ensayos de calidad en alimentos, granos y productos industriales que llegan a los hogares”, afirmó la gremial.
Si bien el Parque de Innovación del LATU ha desarrollado servicios que generan ingresos genuinos, la asociación sostiene que la imagen del organismo “se ha deteriorado debido a una gestión deficiente de recursos y de la estrategia comercial, sin orientación al servicio de los exportadores y de la industria nacional”.
AFUL propone instalar una mesa de diálogo público con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, las autoridades del LATU y sus trabajadores.
“Un Uruguay democrático, serio y responsable en el cuidado de la población requiere decisiones fundamentadas, diálogo continuo y una gestión rigurosa de los recursos públicos”, subraya el comunicado, que exhorta al sistema político a no votar el artículo del Presupuesto que rebaja los ingresos del LATU hasta contar con un estudio técnico, público e independiente sobre su impacto.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Agustín Rava, vocal de AFUL, y la presidenta del sindicato, Tania De León, se refirieron al artículo 157 del proyecto de ley de Presupuesto, que propone reducir en 0,5 por mil el tributo que financia al LATU y que se aplica a las exportaciones no tradicionales.
Rava recordó que desde hace dos décadas el LATU ha priorizado sus inversiones en el desarrollo del Parque de Innovación, con más de 70 millones de dólares destinados a infraestructura, mientras que el laboratorio “ha quedado relegado”.
“Se priorizaron los ladrillos en vez de la capacidad técnica. Hoy tenemos un rezago tecnológico muy importante, lo que siempre ha sido señalado por el sindicato”, advirtió. “El LATU tiene mucho capital invertido en infraestructura y poco en el laboratorio, en capacidad de análisis, con años de transferencias, no reposición de cargos y carencias funcionales”, remarcó.
El dirigente recordó que en el Presupuesto anterior, de la pasada administración de Luis Lacalle Pou, el LATU “ya sufrió una reducción de la tasa de 3 por mil a 2,5 por mil, lo que significó una merma de 3,5 millones de dólares. En su momento, el Ejecutivo llegó a proponer que el recorte fuera de 1 por mil, pero tras gestiones de la dirección y del sindicato se redujo a la mitad”.
Además, “el LATU asumió el compromiso de transferir 40 millones de pesos anuales a la ANII para proyectos de hidrógeno verde, lo que supuso 200 millones de pesos en cinco años”.
Rava señaló también que en abril de 2022, mediante un decreto impulsado por la entonces ministra de Economía, Azucena Arbeleche, “se redujo de 1,5% a 0,5% la tasa aplicada a los alimentos importados”.
Esa rebaja afectó tanto los ingresos del LATU como los controles, que garantizan la inocuidad y la genuinidad de los productos y protegen la industria nacional frente a la competencia desleal.
“Esa reducción repercutió en 7 millones de dólares menos para el LATU, y además debilitó los controles. En el caso de las harinas, por ejemplo, bajaron los muestreos y entraron productos de Argentina que no cumplían con la normativa nacional”.
Por su parte, Tania De León subrayó que la comisión creada por ese decreto para coordinar los controles -integrada por Aduanas, LATU, y los ministerios de Salud Pública, Industria y Ganadería- no emitió procedimientos entre abril y diciembre de 2022, dejando los análisis a criterio del LATU, que “solo es el brazo ejecutor; la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública”.
El artículo 157 del nuevo Presupuesto vuelve a plantear una rebaja de 0,5 por mil, llevando la tasa de 2,5 por mil a 2 por mil, lo que significará otros 3,5 millones de dólares menos para el organismo. Sumados a los recortes anteriores, el LATU habrá perdido unos 11 millones de dólares en ingresos, afirmó De León.
“Este artículo viene de las 15 medidas anunciadas por el ministro de Economía, Gabriel Oddone. No es un dinero que vaya a Rentas Generales ni a programas estratégicos; es simplemente un ahorro para los exportadores”, señaló.
“Hasta el propio presidente de la Cámara de Industrias nos dijo que no veía mucho sentido en bajar el 0,5 por mil, porque no mueve la aguja de los exportadores, pero sí debilita a una institución clave”, acotó.
Para el sindicato, el problema no es solo presupuestal sino de orientación estratégica. “El LATU está perdiendo las funciones para las que fue creado. Se le quitan recursos al organismo que controla, y ese control es una garantía para los consumidores. El tributo del 3 por mil le daba al laboratorio la base económica para solventar sus actividades, que inciden en la vida cotidiana, desde la salud hasta la balanza o el litro de nafta”.
Agustín Rava remarcó que el LATU cuenta con 500 funcionarios, que han visto disminuir la capacitación. “Hubo un año sin presupuesto para formación. No se puede tener una institución tecnológica avanzada sin personal capacitado ni inversión en equipamiento. Hay servicios a la industria que se están dejando de brindar”.
Según el gremio, históricamente se ha invertido entre cinco y seis veces más en el Parque de Innovación que en el laboratorio, lo que obliga a tomar decisiones urgentes. Por ello, el sindicalista exhortó al sistema político a reconsiderar el artículo 157 o buscar alternativas.
“Si no hay más remedio que bajarlo, que sea gradual o que esos recursos se destinen a fomentar líneas de investigación prioritarias para el país. Lo importante es frenar este debilitamiento. Confiamos en que las actuales autoridades del LATU también defenderán el presupuesto del organismo”, dijo.
AFUL cuestionó además que los trabajadores no hayan sido convocados a participar en la elaboración del plan estratégico presentado por la presidenta del LATU, Lucila Arboleya.
El gremio expresó preocupación por la estrategia de “hacer más con lo mismo”, en un contexto de 20 años de falta de inversión en el laboratorio. “No podemos ser una institución tecnológica de excelencia sin ingresos suficientes. Necesitamos revertir el rumbo para que el LATU cumpla con sus objetivos fundacionales”, puntualizó Rava.
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