Uruguay promueve en el MERCOSUR agenda común por empleos verdes e igualdad salarial

Durante su intervención en el panel sobre transición justa, Batalla destacó que “Uruguay ha asumido con firme compromiso la responsabilidad de avanzar en el enverdecimiento de su economía, al tiempo que se enfrenta a los desafíos que conlleva la mitigación del cambio climático”. Señaló que el país ha desarrollado “un proceso sostenido de transformación de su matriz energética y productiva, que tiene impactos directos en el mercado laboral y en la estructura productiva”.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha incorporado la transición justa como un eje central de sus políticas públicas —agregó—, no solo como una herramienta para impulsar el crecimiento sostenible, sino también como una garantía de equidad y protección para los trabajadores, trabajadoras y comunidades potencialmente afectadas por este proceso”.

Entre las acciones concretas mencionadas, destacó el fortalecimiento de capacidades en economía verde inclusiva, la formación en eficiencia energética para micro y pequeñas empresas, el apoyo a emprendimientos sostenibles y la promoción de empleos verdes para mujeres rurales. “Desde Uruguay apostamos a una transformación inclusiva, basada en el diálogo social, el trabajo decente y la protección de derechos”, subrayó.

Batalla afirmó que “la transición justa no es un proceso automático ni uniforme. Requiere visión de largo plazo, planificación multisectorial y una fuerte participación institucional. Pero, sobre todo, requiere voluntad política y compromiso con la justicia social y la sostenibilidad ambiental”. En ese sentido, sostuvo que el MERCOSUR “tiene un papel clave para avanzar en este camino”, al permitir “potenciar capacidades, compartir buenas prácticas y construir estándares comunes que fortalezcan nuestra respuesta ante los desafíos del cambio climático, sin dejar a nadie atrás”.

En la sesión dedicada a la brecha salarial de género, el representante uruguayo subrayó la persistencia de desigualdades estructurales en la región. “En un mundo donde luchamos día a día por la igualdad y la justicia social, es completamente inaceptable que las mujeres continúen ganando menos que los varones por realizar el mismo trabajo o por trabajos de igual valor”, expresó Batalla, en representación del MTSS.

Según los datos más recientes, explicó que “la brecha salarial de género entre los asalariados privados cotizantes en Uruguay se sitúa en un 29 % en términos de ingreso mensual”, lo que significa que “las mujeres ganan solo el 78 % de lo que ganan los hombres”.

Batalla advirtió que la desigualdad “no es solo un problema estadístico, sino el reflejo de desigualdades estructurales profundamente arraigadas en la sociedad”. En este sentido, recordó que Uruguay cuenta con un marco legal sólido, que incluye la Ley n.° 16.045 sobre igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral y la Ley n.° 19.846 de 2019, que amplía la protección contra la discriminación por razones de género.

Asimismo, señaló que el MTSS “está comprometido a promover la igualdad de género en el ámbito laboral, avanzando en políticas públicas que reduzcan las desigualdades estructurales existentes”. Entre las herramientas más relevantes, destacó las cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados, que integran la dimensión de género en la negociación colectiva y visibilizan el trabajo no remunerado de cuidados.

“No podemos permitir que la brecha salarial de género siga existiendo. Debemos trabajar juntos y de forma abnegada para eliminar esta desigualdad”, afirmó Batalla, quien llamó a los países del bloque a “impulsar medidas que promuevan la igualdad real, tales como licencias específicas, flexibilidades horarias y políticas que aseguren la igualdad salarial”.

En otro orden, destacó la necesidad de seguir trabajando en una reglamentación a nivel internacional que proteja a las trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales, y añadió que es un tema que se viene discutiendo desde la Conferencia Internacional del Trabajo del 2025 y se va a discutir también en el año 2026.

Por último, subrayó que “la dignidad de las personas, la sostenibilidad del planeta y la equidad entre territorios y generaciones deben estar en el centro de las políticas laborales del MERCOSUR”.