“Es un dispositivo que salva vidas”, aseguró la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al anunciar la ampliación de la cobertura de financiamiento del Fondo Nacional de Recursos a cardiodesfibriladores implantados. Explicó que accederá toda persona a quien se le haya indicado. “Esto era una deuda de hace más de 30 años”, agregó.
NACIONALES05/12/2025
Infopaís
La ministra de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, anunció una nueva incorporación a los procedimientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). En noviembre se aprobó la ampliación de cobertura de cardiodesfibriladores implantados que previenen la muerte súbita cardíaca. “Estamos cumpliendo objetivos, poniendo a las personas en el centro, con un proceso transparente”, afirmó.
Valoró que "es un dispositivo que salva vidas", con un funcionamiento diferente al marcapasos. “Esto era una deuda que existía hace más de 30 años”, agregó la jerarca, quien recordó que había una cobertura menor, dirigida a personas que habían sido reanimadas, tras un episodio grave.
Ahora todos los pacientes a quienes su cardiólogo se lo indique podrán acceder. Se estima que, en tres años, se duplicará el número actual de personas que lo reciban. El costo aproximado del dispositivo es 6.300 dólares, y era una de las causas más importantes de recursos de amparo. Esta situación generaba inequidad, ya que solo accedían quienes podían costear el procedimiento judicial.
En abril de 2025 se aprobó la ampliación de la cobertura de cirugías cardíacas por cardiopatías congénitas, lo que implica que las cesáreas de mujeres con hijos con esta condición se realicen en el instituto de medicina altamente especializado (IMAE), donde luego se interviene a los bebés. La ministra lo concibe como un cambio importante para mejorar los resultados de esas cirugías.
En ese contexto, confirmó que se realizará un llamado a un centro de referencia para atender las cardiopatías congénitas, a fin de contar con mejores recursos humanos y tecnología.
En octubre de este año se incorporó, además, un nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón. Asimismo, informó que, antes de fin de año, se añadirá a los prestadores integrales los tres anticoagulantes directos que sirven para evitar formación de trombos en los vasos sanguíneos.
La ministra también confirmó que solo resta la firma del Consejo de Ministros para la inclusión de la apendicectomía laparoscópica, lo que ya fue anunciado para quienes padezcan apendicitis aguda.
La presidenta alterna del organismo, Alicia Ferreira, informó que el fondo es un seguro público universal que invierte en procedimientos terapéuticos y algunos de diagnóstico, así como en medicamentos conocidos como “de alto precio”.
El 74 % de lo que se costea son procedimientos y el 23% fármacos. El 90% del financiamiento del organismo proviene de Rentas Generales en distintas formas, el 82% a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Ferreira confirmó que el FNR no puede financiar procedimientos o medicamentos que no hayan sido aprobados previamente y deben estar contemplados en la normativa de cobertura financiera. El médico tratante debe efectuar la solicitud, a través de un formulario web, y la institución responde en un plazo menor a cinco días, en forma afirmativa o negativa.
Para incorporar nuevas prestaciones, se realiza un procedimiento transparente y estricto, apuntó.
El 63% de los procedimientos que financia el organismo están vinculados a la especialidad de cardiología, seguido de diálisis, traumatología y trasplantes. También lideran procedimientos de cirugía fetal, tratamiento de la enfermedad de Parkinson, grandes quemados y epilepsias.
En materia de medicamentos, los principales son los relacionados a tratamientos oncológicos y de especialidades como dermatología, gastroenterología y hemoterapia, informó la directora del FNR, Viviana Domínguez.
En el año 2024, unos 14.500 pacientes recibieron medicación financiada por el fondo, y en 2025, la cifra supera los 12.000. El año anterior se destinaron 460 millones de dólares a prestaciones y fármacos. Hubo más de 10 incorporaciones con un aumento exponencial en recursos de amparo en los que se gastaron unos 150 millones de dólares.
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