InfopaísLa encuesta del año 2019 sobre violencia basada en género y generaciones indicó que ocho de cada diez mujeres uruguayas vivieron una situación de violencia de género a lo largo de su vida. En el caso de la violencia digital, el 21% de las mujeres encuestadas declararon haber sido víctimas en redes sociales.
El país no cuenta con una legislación específica respecto al tema, por lo que el Gobierno y distintos organismos internacionales procuran iniciar un diálogo social que derive en la posible implementación de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, con las necesarias adaptaciones para Uruguay.
Ello incluye discutir y monitorear en conjunto este tema a través del Consejo Nacional de Género, integrado por más de 30 instituciones del Estado, cámaras empresariales y organizaciones sociales. El proceso implicaría coordinar esfuerzos que fortalezcan los marcos normativos actuales y robustecer las respuestas institucionales, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el entorno virtual.
Con este objetivo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, organizó un encuentro en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones, en coordinación con ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). De esta forma, Uruguay es el primer país en presentar la legislación.
“La violencia y el miedo en todas sus formas es el peor enemigo de la humanidad”, aseguró Carolina Cosse, quien valoró el trabajo realizado por el Mesecvi para obtener esta normativa modelo. “Todo lo que tenga que ver con prevenir, limitar y erradicar la violencia es fundamental”, insistió.
Apreció la oportunidad de contar con una ley que aporte al conjunto en torno a violencia de género, como la n.° 19.580, del 22 de diciembre de 2017. “Es una discusión que me comprometo a que el Parlamento tome este año”, que estará dedicado a la profundización de la agenda transformadora de derechos, adelantó Cosse.
La directora del Inmujeres, Mónica Xavier, explicó que esta normativa establece obligaciones para los estados y las plataformas digitales e intermediarios de internet, promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y el cierre de la brecha digital de género, con un enfoque en derechos humanos y género, interseccional y con pertinencia cultural, además de un abordaje pedagógico.
“No queremos que sea solo un debate institucional, queremos que la ciudadanía lo protagonice”, afirmó la jerarca, acerca de la participación de los distintos integrantes de la sociedad civil en la adaptación de esta propuesta.
En ese contexto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la relevancia de disponer de un documento para comenzar el intercambio: “Los marcos regulatorios son garantistas, cuando se trabajan discutiéndolos con y para la gente, de manera ordenada, responsable, escuchando y abriendo puertas”, resaltó.
“La realidad nos supera por su rapidez” y todo el esfuerzo realizado se ve ganado por nuevas situaciones en un mundo de transformación permanente, explicó, a su turno, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. La vicecanciller sostuvo que la reproducción de la violencia sexual, de control y el hostigamiento son formas nuevas de “callar mujeres”. Con énfasis en el rol del multilateralismo para abordar este problema, la jerarca consideró que, sin un esfuerzo regional y cooperativo, “nos vamos a quedar en un diálogo entre nosotros”.
OSE comunicó la postergación del cobro de las facturas por los servicios de agua potable y saneamiento a los evacuados y autoevacuados tras las inundaciones y eventos meteorológicos de las últimas semanas. Además, instaló un comité para trabajar sobre la prevención de los efectos de El Niño, evento meteorológico anunciado para los próximos meses.
