InfopaísLa eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje pleno de las personas con discapacidad, forman parte de las metas de esta guía de actuación ante casos de discriminación en el ámbito educativo, según expresa el documento presentado el jueves 12 en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
El protocolo también reafirma el compromiso por garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad en todos los centros educativos del país, sean públicos o privados, en consonancia con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el marco normativo nacional.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, indicó que el documento presentado en la jornada ajusta al existente desde 2021 con la finalidad de garantizar los derechos de inclusión en educación. “Lo que mandata es tener procedimientos, normas y prácticas que garantizan el derecho a la educación”, aseveró. Entre ellas, mencionó la resolución para que todos los niños y adolescentes se puedan inscribir en el proceso educativo y que posteriormente se analiza a qué tipo de propuesta son asignados, lo que modifica prácticas anteriores que complejizaban la inscripción de los estudiantes.
El jerarca puntualizó que en materia de necesidades educativas especiales hay un 13% de alumnos en sexto de escuela con discapacidad o dificultades de aprendizaje y que en noveno grado el guarismo se ubica en el entorno del 7%.
Por su parte, el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, indicó que es un ejemplo valioso de acumulación positiva en una política de estado donde se trabaja interinstitucionalmente. Acotó que permite quedar a la vanguardia de la agenda de derechos con un formato claro para prever situaciones, anticipar casos, incluir en la educación, guía para docentes e instituciones y compromiso para invertir en infraestructura y personal capacitado.
La directora de la INDDHH, Jimena Fernández, destacó que el protocolo permite, que las denuncias de familias por la no inclusión en el sistema educativo, sean tratadas rápidamente y con pasos específicos en la búsqueda de soluciones. Detalló que establece referentes en cada organismo, como trabajar en la previa a una denuncia y el seguimiento y monitoreo para evitar la repetición del hecho.
