InfopaísEl cambio introduce a los fiduciarios no financieros que no están controlados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y a los prestadores de servicios profesionales de administración, contabilidad, gestión de negocios o procesamiento de datos que, desde Uruguay, trabajan con personas o firmas con actividades en el exterior.
Estos sujetos obligados estaban controlados por el BCU y la modificación los incorporó a la fiscalización de la Senaclaft, precisó Libonatti, en diálogo con Comunicación Presidencial. La inscripción ya está abierta en la página web de la dependencia, tanto en el registro de sujetos obligados como del domicilio electrónico (Domel).
El cambio se originó a partir de la ley n.°20.469, del 19 de marzo de 2026, que modificó el artículo 13 de la Ley Integral de Lavado de Activos, n.°19.574, del 20 de diciembre de 2017, y se ejecuta a partir de la resolución n.°54/2026, del 12 de mayo de 2026.
La jerarca indicó que los sujetos obligados son aquellas entidades definidas por ley que deben contar con un sistema de prevención para no ser utilizados en el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La norma los clasifica en sujetos de los sectores financiero y no financiero.
Los sujetos obligados del sector financiero están bajo la fiscalización o supervisión del BCU: bancos, casas de cambio de moneda extranjera o instituciones dedicadas a la intermediación financiera, entre otros.
Los del sector no financiero son controlados por la Senaclaft y comprenden, entre otros, a las inmobiliarias; los abogados, los contadores o los escribanos que se desempeñen en la administración de dinero, valores o bienes de personas jurídicas; los rematadores; los explotadores o usuarios directos de zonas francas; las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades anónimas deportivas y las administradoras de fondos previsionales.
Es a este último grupo que se suman los fiduciarios no financieros y los prestadores de servicios para personas físicas o jurídicas con actividad en el exterior.
Libonatti explicó la modificación en el marco de la cooperación internacional, debido a que Uruguay debe estar capacitado para suministrar la información que estas entidades requieran.
El año pasado fueron reportados 1.080 operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, 12% más que el año anterior, según la memoria anual del organismo. El sector financiero informó acerca de 973 operaciones, mientras que el sector no financiero presentó 107 casos. Es “la mayor cantidad de reportes desde que existe la obligación” de presentar informes, se asegura en el documento.
En este marco, Libonatti sostuvo que una de las metas de la Senaclaft es “tratar de incidir en la percepción de riesgo”. Recordó que la baja percepción repercutía en la reducida cantidad de casos desde el sector no financiero. Esto motivó la organización de varias actividades del organismo, como capacitaciones en los departamentos del interior del país, charlas y talleres.
“Creemos que hemos dado algún paso en ese sentido”, dijo la jerarca, pero, aseveró, aún resta profundizar el trabajo para que comprendan su importante rol a fin de que Uruguay cuente con un sistema de prevención del lavado de activos fortalecido.
