InfopaísEl Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) presentaron un programa de formación para personas privadas de libertad, que abarcará a unas 8.000 personas entre 2026 y 2030.
La directora del INR, Ana Juanche, señaló que el 70% de los beneficiarios serán varones y el 30% mujeres. Las instancias formativas, que incluirán oficios y competencias transversales, se dictarán de manera descentralizada en las unidades de rehabilitación de todo el territorio nacional.
Esta iniciativa es la conclusión del acumulado de un largo proceso de trabajo de más de una década, según destacó Juanche. Asimismo, repasó que el acuerdo anterior, finalizado en el primer semestre, comprendió a un total de 2.540 personas.
Por último, la jerarca subrayó que sostener los procesos formativos es fundamental para asegurar la estabilidad laboral, lo que influye de modo directo en la reducción de las tasas de reincidencia.
El director del Inefop en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Chouhy, detalló que la oferta abarca formación técnica y acreditación de saberes por la UTU, capacitación enfocada en la práctica productiva a través del Consejo de Capacitación Profesional (Cocap) y el desarrollo de habilidades digitales.
En ese sentido, remarcó que el plan prioriza a mujeres, personas trans y otras con menor acceso a la formación, con el objetivo de asegurar que cada certificación conforme una herramienta para que el egreso constituya un activo laboral. “No alcanza con administrar el encierro, hay que construir una salida”, expresó.
La directora general de la UTU, Virginia Verderese, destacó que este convenio representa una oportunidad concreta y un paso fundamental para brindar más posibilidades de trabajo digno a los ciudadanos.
Además, señaló que la certificación permitirá que la referida población continúe los estudios al recuperar la libertad, lo que calificó como una medida de restitución de derechos que el país debe fomentar de forma creciente.
Durante el encuentro, se entregaron más de 500 certificados a personas privadas de libertad que culminaron cursos en áreas como construcción, gastronomía, informática y actividades rurales. El plan funcionará bajo una modalidad integral y se incrementará un 10% por año su cobertura, con propuestas contextualizadas según la demanda laboral de cada región.
