"La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política"
Las sanciones unilaterales de EE.UU., que se han ampliado desde junio de 2026 para afectar a sectores clave de la economía cubana, incluyen desde el 23 de julio a empresas energéticas, lo que ha bloqueado aún más la adquisición de combustible, incluso por motivos humanitarios, en un momento en que la isla sufre una aguda escasez de combustible y ha vivido recientemente su tercer apagón nacional de grandes proporciones.
"Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo", denunciaron varios relatores de derechos humanos, tras conocerse que la basura sin recoger se acumula en partes de La Habana, lo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades.
Los expertos señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.
Las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer.
"La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana", afirmaron los expertos.
El 20 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe titulado "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI", en el que describe a Cuba como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, aunque los expertos deploran que carezca de pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas.
Los expertos subrayaron que las medidas coercitivas unilaterales ilegales de EE.UU. contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla.
"El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional", afirmaron los expertos.
"El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales", añadieron.
Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no perciben ningún salario por su labor. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACDH y la ONU. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o la OACDH.
George Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo;
Zaina Jallad, Relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos;
Sofía Monsalve Suárez, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación;
Shalmali Guttal (Chair), Carlos Duarte, Davit Hakobyan, Uche Ofodile, Geneviève Savigny, Grupo de Trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales
Surya Deva, Relator especial sobre el derecho al desarrollo
FUENTE: Naciones Unidas
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