El expresidente de la aerolínea ratificó ante la Audiencia Nacional que se pactó una comisión vinculada al éxito de la ayuda pública de 53 millones de euros. Dijo, sin embargo, que desconoce qué gestiones concretas se realizaron. José Luis Rodríguez Zapatero niega haber intervenido ante el Gobierno o la SEPI y el caso continúa en investigación.
Infopaís
El rescate público concedido a Plus Ultra durante la pandemia volvió a situarse en el centro de la agenda política y judicial de España. Julio Martínez Sola, expresidente y accionista de la aerolínea, declaró este lunes ante la Audiencia Nacional y ratificó que la compañía acordó pagar una comisión equivalente al 1% de los 53 millones de euros recibidos del Estado.
La cifra asciende a unos 530.000 euros, sin considerar impuestos, y quedó ligada contractualmente al resultado favorable del procedimiento de ayuda. Según la versión del exdirectivo, los pagos se canalizaron hacia sociedades relacionadas con Julio Martínez Martínez, empresario cercano al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La declaración aporta una pieza relevante, pero no cierra el caso. Martínez Sola aseguró que no conoce qué actuaciones específicas pudieron realizarse para favorecer la aprobación del rescate. Zapatero, por su parte, niega haber hablado con integrantes del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para influir en la decisión.
La investigación debe determinar ahora si existió una intermediación legítima, si los servicios facturados fueron efectivamente prestados y si hubo tráfico de influencias, blanqueo de capitales u otras conductas ilícitas. Hasta que exista una resolución firme, las responsabilidades penales no pueden darse por probadas.
Martínez Sola compareció como investigado ante el juez José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional. De acuerdo con los detalles difundidos tras el interrogatorio, afirmó que el contacto inicial con Zapatero se produjo en abril de 2020, cuando la pandemia había paralizado buena parte del tráfico aéreo y Plus Ultra buscaba liquidez para sobrevivir.
El exdirectivo sostuvo que el accionista Rodolfo Reyes sugirió recurrir al exmandatario debido a su red de contactos. Tras una conversación telefónica, la compañía quedó vinculada con Julio Martínez Martínez. La relación se formalizó primero mediante un contrato de asesoramiento por 5.000 euros mensuales más IVA y, posteriormente, con otro acuerdo cuya remuneración dependía del éxito de la solicitud ante la SEPI.
El contrato del 1% fue firmado en enero de 2021, antes de que el Consejo de Ministros aprobara en marzo de ese año el apoyo financiero. Ese orden temporal constituye uno de los elementos examinados por los investigadores.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento extraordinario creado en 2020 para evitar la caída de compañías consideradas viables antes de la crisis sanitaria. La ayuda se estructuró mediante préstamos públicos y quedó bajo la gestión de la SEPI.
Desde su aprobación, la operación provocó controversia por el tamaño de la aerolínea, su cuota limitada dentro del mercado español, su situación financiera anterior a la pandemia y sus conexiones comerciales y accionariales con Venezuela. Sus defensores alegaron que la empresa operaba rutas estratégicas y cumplía los requisitos técnicos del fondo; sus críticos cuestionaron la justificación económica y política del apoyo.
La legalidad administrativa de una ayuda y la eventual existencia de influencias indebidas son asuntos diferentes. La investigación actual no se limita a determinar si Plus Ultra reunía formalmente las condiciones, sino que examina cómo se produjo la intermediación, qué servicios se prestaron y cuál fue el destino final del dinero abonado.
La documentación conocida describe pagos a empresas vinculadas con Martínez Martínez y conceptos de consultoría o acompañamiento. Los investigadores analizan si esos contratos respondían a trabajos reales o si sirvieron para encubrir una comisión por abrir puertas dentro de la Administración.
Martínez Sola reconoció el pacto de remuneración, pero declaró que su prioridad era obtener financiación y que no realizó un seguimiento detallado de las gestiones. Esa explicación deja abierta una pregunta central: qué valor concreto recibió la aerolínea a cambio de la comisión y quién intervino efectivamente en el procedimiento.
La Fiscalía también ha preguntado por operaciones de la empresa durante la pandemia, incluidos vuelos relacionados con material sanitario y créditos puente utilizados para mantener la liquidez antes de recibir la ayuda estatal. El análisis financiero busca reconstruir el circuito completo de fondos y relaciones comerciales.
José Luis Rodríguez Zapatero rechazó haber influido en la concesión del rescate. El expresidente socialista ha sostenido públicamente que no habló con responsables de la SEPI ni con integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la ayuda a Plus Ultra.
Sí ha reconocido haber facilitado un contacto bancario, pero lo desvincula del posterior procedimiento estatal. También defiende que su actividad de consultoría fue declarada y legítima. Su posición contradice las afirmaciones que le atribuyen un papel decisivo y obliga a la instrucción a contrastar testimonios, comunicaciones, contratos y movimientos financieros.
El hecho de que una persona sea investigada o señalada en declaraciones judiciales no equivale a una condena. La valoración definitiva corresponde a los tribunales y dependerá de la evidencia incorporada al expediente.
La causa también deberá aclarar diferencias entre declaraciones realizadas en distintos momentos. Algunas manifestaciones de directivos ante el Senado y las explicaciones presentadas después ante el juez no coinciden plenamente sobre el origen de la relación, el propósito de los contratos y el conocimiento que tenían acerca del destino de los pagos.
Esas variaciones pueden responder a nueva documentación, estrategias de defensa o intentos de colaboración con la Justicia, pero su credibilidad será evaluada junto con pruebas objetivas. En casos de esta complejidad, un testimonio aislado rara vez resulta suficiente para establecer responsabilidades.
Los registros telefónicos, correos electrónicos, agendas, facturas, transferencias y actas internas pueden resultar decisivos para saber si existió una cadena de influencia y si la remuneración estaba conectada con actos concretos de funcionarios públicos.
El expediente posee una dimensión política inevitable porque combina fondos públicos, una empresa cuestionada y la figura de un expresidente del Gobierno. El Partido Popular y otras fuerzas opositoras utilizan el caso para reclamar explicaciones al Ejecutivo y profundizar sus críticas sobre la gestión de los rescates durante la pandemia.
El PSOE, en cambio, insiste en respetar el trabajo judicial y evita asumir como ciertas acusaciones que todavía deben probarse. La disputa se desarrolla en tribunales, en el Parlamento y en redes sociales, donde circulan versiones categóricas que con frecuencia eliminan los matices procesales.
Para una cobertura responsable es necesario separar tres planos: está acreditada la existencia del rescate; se ha reconocido un contrato ligado al 1% de la financiación; y permanece pendiente probar si hubo influencia ilícita, quién se benefició finalmente y qué conocimiento tuvo cada participante.
La declaración de Martínez Sola será contrastada con la del ex consejero delegado Roberto Roselli y con otros testimonios y documentos. El juez podrá ordenar nuevas diligencias, ampliar pericias financieras o citar a más personas si entiende que existen indicios suficientes.
Al finalizar la instrucción, la Audiencia Nacional deberá decidir si archiva total o parcialmente la causa o si existen bases para abrir juicio oral. Ese proceso puede prolongarse debido al volumen de información y a la diversidad de operaciones examinadas.
Más allá de su desenlace penal, el caso vuelve a plantear interrogantes sobre la transparencia de los mecanismos extraordinarios de ayuda: cómo se seleccionan empresas estratégicas, qué controles se aplican a los intermediarios y de qué manera debe publicarse el seguimiento de fondos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.
La afirmación de que existió una comisión del 1% incrementa la presión sobre la investigación, pero no resuelve por sí sola el núcleo del expediente. La cuestión decisiva será establecer el recorrido del dinero, la realidad de los servicios invocados y la eventual relación entre los pagos y decisiones adoptadas desde el Estado.
Por ahora conviven una admisión empresarial, acusaciones de intermediación política y una negativa frontal del expresidente. La Justicia deberá determinar qué parte de esas versiones puede sostenerse con pruebas. Hasta entonces, el rescate de Plus Ultra seguirá siendo uno de los episodios más controvertidos de la política económica española durante la pandemia.
· El País — declaración de Julio Martínez Sola (7/9/2026): https://elpais.com/espana/2026-09-07/el-expresidente-de-plus-ultra-reitera-que-pago-una-comision-de-un-1-al-empresario-amigo-de-zapatero-para-lograr-el-rescate.html
· Cadena SER — comparecencia ante la Audiencia Nacional (7/9/2026): https://cadenaser.com/nacional/2026/09/07/el-expresidente-de-plus-ultra-declara-ante-el-juez-que-pago-una-comision-del-1-del-rescate-al-amigo-de-zapatero-por-su-acompanamiento-cadena-ser/
· El País — negativa de Zapatero sobre el rescate (23/7/2026): https://elpais.com/espana/2026-07-23/zapatero-en-su-primera-entrevista-tras-su-imputacion-no-es-que-no-influyera-es-que-no-hable-con-nadie-del-rescate-de-plus-ultra.html
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