El gobierno argentino activó una nueva vía jurídica contra el Reino Unido para intentar frenar la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. Londres fue intimado a actuar en dos semanas y Buenos Aires anticipó que, si no hay respuesta, reclamará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
28 de setiembre de 2026
Infopaís
El conflicto por las Islas Malvinas abrió este domingo un nuevo capítulo jurídico y diplomático. El presidente argentino, Javier Milei, instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del gobierno para iniciar un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, al amparo del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.
La decisión eleva el reclamo desde el terreno de las protestas diplomáticas y las sanciones administrativas hacia una instancia internacional. De acuerdo con la comunicación oficial, Buenos Aires ya intimó formalmente a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación petrolera. Si el requerimiento no es atendido, Argentina anunció que pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. El emprendimiento es impulsado por Navitas Petroleum, de origen israelí, y la británica Rockhopper Exploration. Sus promotores sostienen que cuentan con licencias otorgadas por la administración de las islas y con respaldo británico; Argentina, en cambio, considera esas autorizaciones ilegítimas por no haber sido concedidas por sus autoridades.
El yacimiento se convirtió en el centro de la disputa porque supone pasar de décadas de exploración y anuncios a una fase de desarrollo productivo. Las estimaciones difundidas por las compañías hablan de un recurso de gran escala y de una primera producción hacia 2028, aunque el calendario y el alcance final dependen de financiamiento, proveedores, infraestructura y decisiones regulatorias. Para el gobierno argentino, ese avance podría generar efectos irreversibles sobre recursos no renovables en un espacio cuya soberanía continúa en discusión.
La estrategia argentina se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. La Resolución 31/49 pidió además evitar decisiones unilaterales que alteren la situación mientras el proceso recomendado por la ONU continúe pendiente.
Sobre esa base, el Ejecutivo argentino sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos perjudica sus derechos soberanos y agrava la controversia. El arbitraje anunciado se encuadra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aunque su desarrollo anticipa una discusión compleja sobre jurisdicción, competencia y alcance de las obligaciones internacionales de las partes.
La posición británica es diferente. El Reino Unido administra las islas y afirma que corresponde a sus habitantes determinar su futuro político. También invoca el referéndum celebrado en 2013, en el que la amplia mayoría votó por mantener el vínculo con Londres. Argentina no reconoce esa consulta como instrumento capaz de resolver la disputa de soberanía y sostiene que la controversia debe abordarse mediante negociaciones bilaterales, como establece el marco de las Naciones Unidas.
El arbitraje no aparece de manera aislada. En las últimas semanas, la Cancillería argentina endureció su plan de acción frente a Sea Lion. Informó el envío de cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, la apertura de 60 procedimientos administrativos y la presentación de tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y a sus directivos. Asimismo, convocó a representantes diplomáticos del Reino Unido e Israel para presentar protestas formales.
A esa ofensiva se sumó una resolución del Juzgado Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto ordenó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las actividades del proyecto hasta que la autoridad ambiental argentina tramite la evaluación correspondiente o el tribunal disponga otra cosa. La cautelar abarca perforaciones, infraestructura submarina, conductos, instalaciones flotantes, extracción comercial y obras terrestres o portuarias.
La eficacia práctica de esa medida depende de la cooperación internacional y de la conducta de empresas que operan fuera del control efectivo argentino. Sin embargo, el fallo agrega presión jurídica, financiera y reputacional sobre proveedores, aseguradoras e inversores que evalúen participar en el emprendimiento.
El comunicado presidencial fijó una secuencia concreta: intimación al Reino Unido, plazo de dos semanas y eventual solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ese tipo de medidas busca preservar derechos mientras se sustancia una controversia, por lo que Argentina intentará demostrar urgencia, riesgo de daño irreparable y necesidad de evitar un agravamiento del conflicto.
El anuncio también incluyó un frente adicional. El gobierno argentino afirmó haber detectado operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave británica sin autorización argentina. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese episodio.
En el corto plazo, la atención se concentrará en la respuesta británica a la intimación y en la formalización del arbitraje. También será decisivo observar si las compañías mantienen su cronograma y si proveedores internacionales revisan su participación ante el aumento de los riesgos legales y comerciales.
El movimiento de Buenos Aires no resuelve por sí mismo la disputa de soberanía ni garantiza que Sea Lion se detenga. Sí marca un cambio de escala: el conflicto por los recursos del Atlántico Sur pasa a combinar diplomacia, legislación nacional, cautelares judiciales, sanciones económicas y litigio internacional. La evolución del caso dependerá tanto de los tribunales como de la capacidad de ambos gobiernos para evitar que la explotación petrolera profundice una controversia que permanece abierta desde hace casi dos siglos.
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