UPM impulsa una optimización de su planta de Fray Bentos para aumentar en 200.000 toneladas el límite anual de producción de celulosa. La propuesta representa una suba cercana al 15,4% respecto de los 1,3 millones de toneladas de referencia y procura alcanzar ese volumen sin ampliar los límites de emisiones vigentes.

El proyecto volvió a la agenda pública tras la visita del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a las instalaciones el 20 de octubre. El encuentro formó parte del trabajo de coordinación entre el Estado y la empresa.

Más Capacidad Mediante Mejoras Industriales

La iniciativa había sido comunicada por UPM en noviembre de 2025. La empresa presentó un análisis ambiental y solicitó elevar el máximo de producción a 1,5 millones de toneladas anuales. En aquella comunicación aclaró que la presentación del pedido no equivalía a una decisión de inversión.

La documentación publicada oficialmente en abril de 2026 describe la incorporación de unidades similares a las existentes y la modernización o sustitución de equipos auxiliares. Entre las intervenciones previstas aparecen una nueva línea de chipeado y un nuevo horno de cal.

El objetivo es mejorar el aprovechamiento de la infraestructura industrial. Las 200.000 toneladas corresponden a la diferencia entre el límite actual de referencia y el solicitado: no constituyen un aumento de producción ya concretado.

El Respaldo del Gobierno y el Alcance Ambiental

Durante la recorrida, Sánchez defendió la actualización tecnológica como una herramienta para mejorar la productividad y la competitividad. Condicionó ese avance al respeto de las aprobaciones ambientales y sostuvo que la optimización planteada procura producir más sin modificar los umbrales autorizados.

Sin embargo, mantener los límites de emisiones no significa que el proyecto carezca de evaluación ambiental. El 29 de abril se publicó la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen de una solicitud de ampliación de la Autorización Ambiental Previa. El aviso abrió un plazo de 20 días hábiles para presentar observaciones.

Por tanto, conviene distinguir dos aspectos: la pretensión de operar dentro de los límites ambientales vigentes y el procedimiento administrativo asociado a los cambios industriales. La existencia del trámite impide describir la iniciativa, sin matices, como una ampliación sin revisión ambiental.

Control Público y Definiciones Pendientes

En enero de 2026, Ambiente había informado que Dinacea evaluaba la propuesta para ampliar la producción sin aumentar los vertidos al río Uruguay. Ortuño señaló entonces que existían intercambios técnicos con la compañía y que el proyecto incluiría inversiones.

Ese mismo mes se anunció la reactivación de la Comisión de Seguimiento de la planta, creada en 2007. El gobierno planteó realizar al menos dos reuniones anuales, con una agenda abierta a inquietudes de la sociedad civil, organismos locales y autoridades departamentales.

La concreción del salto productivo dependerá de las decisiones administrativas correspondientes y de la ejecución de las mejoras. El respaldo político expresado durante la visita no acredita por sí solo una autorización definitiva ni permite dar por confirmadas las obras. El punto central será cómo se compatibiliza el incremento de capacidad con las condiciones ambientales aplicables a la planta.