UTE regularizó servicios en 120 hogares del barrio Nuevo Ipusa tras inversión de 10.000.000 de pesos

 Como parte de las acciones de su Plan de Inclusión Social, la empresa pública UTE habilitó servicios de electrificación en el barrio Nuevo Ipusa de Montevideo. De esta forma, unas 400 personas accederán a energía eléctrica en condiciones de seguridad y calidad, y obtendrán, además, el Bono Social de la Energía, que les permitirá acceder a una reducción de entre 80% y 90% en el costo de la tarifa.
 
En la instancia de inauguración, realizada este lunes 20, en la intersección de Torremolinos y Pasaje Pablo Estramín, participaron la presidenta de UTE, Silvia Emaldi; el vicepresidente del organismo, Pablo Ferrari; integrantes del directorio de la empresa, y el jefe de la Oficina Territorial Montevideo Este del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Pías.

A partir de esta jornada, 120 familias dispondrán de conexión regular a la energía eléctrica “segura y de calidad”, con las que además se trabajó la incorporación de prácticas de eficiencia energética y cuidado de la energía eléctrica, informó Emaldi, en rueda de prensa.

Asimismo, explicó que, una vez que los vecinos ingresan al Plan de Inclusión Social, obtienen el beneficio del Bono Social de la Energía, que implica una bonificación de entre 80% y 90% en la factura, medida que, según Emaldi, garantizará que los núcleos familiares permanezcan en el sistema.

Este año UTE alcanzará unas 12.000 regularizaciones del servicio en todo el país, detalló.

Las obras que permitieron regularizar el servicio eléctrico de los residentes del barrio Nuevo Ipusa requirieron una inversión de 10.000.000 de pesos. Eso incluye el tendido de líneas, la instalación de medidores y los trabajos de instalación en el interior de las viviendas, que fueron realizados mediante la coordinación de UTE y el Instituto Nacional del Cooperativismo.

El Plan de Inclusión Social de UTE procura establecer las condiciones de acceso al servicio de la energía eléctrica y la continuidad, por parte de los grupos familiares, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La empresa pública proyecta alcanzar unos 90.000 hogares para finales de 2025.