PIT-CNT rechaza discurso “falaz”, “manipulador”, “insensible”, “errático” y “amenazante” de Lacalle Pou

Abdala remarcó que “el pueblo se merece un discurso que no esté basado en un miedo inexistente”, y subrayó que “cada vez que el pueblo aspira a mejoras, aparecen los agoreros de las mil catástrofes”.

Este miércoles 2 de octubre, la Comisión “Afirmá tus Derechos” por el “Sí” a la reforma de la Constitución de la República y de la seguridad social, realizó una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT.

La iniciativa que se plebiscitará el domingo 27 de octubre junto con las elecciones nacionales, planta reformar el artículo 67 de la Constitución, busca consagrar la seguridad social como un derecho humano y establecer tres principios fundamentales: fijar la edad jubilatoria en 60 años, equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, y eliminar las AFAP.

Durante la conferencia, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, cuestionó las apreciaciones que realizó el presidente de la República, Lacalle Pou, el martes en conferencia de prensa transmitida en cadena de televisión.

El dirigente sindical dijo que el discurso del máximo mandatario fue “falaz, manipulador, insensible, errático y amenazante”. Dijo que se ocultó que el país está parado en un “estrepitoso fracaso de la reforma de la seguridad social del año 1996”, y también que también se ocultó que “la reforma del año 2008 mejoró algunas prestaciones porque las personas que quedaban sin trabajo a los 57 años podían llegar en mejores condiciones a los 60 años, y se vieron beneficiadas las mujeres en el cómputo de un año más de acreditación de trabajo, por cada hijo que tenían, para poder jubilarse”.

Abdala también manifestó que el discurso de Lacalle Pou fue “absolutamente insensible para los cientos de jubilados que están con la angustia de no poder comer ni llegar a fin de mes”. Agregó que se trató, además, de un discurso “errático”, porque el mandatario al ser consultado por el planteo del movimiento sindical y social de que las necesidades de asistencia financiera se podían sostener, por ejemplo, mejorando la superación de la evasión fiscal y revisando el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones que está en el entorno de un 6,5%, porque se dejan cobrar impuestos por IRAE y por el patrimonio por un volumen de 2.000 millones de dólares “esto no lo contestó” y “volvió con el aumento del IVA y de otros impuestos, por lo que mostró el carácter errático de las respuestas ocultando responder el planteo que estaba arriba de la mesa y contribuyendo a la campaña del miedo y el terror”.

Asimismo, calificó el discurso del jefe de Estado de “amenazante”. Abdala señaló que el presidente intentó “intimidar a la población” al sugerir que la propuesta implicaría una “suba exorbitante del IVA” y que se cuestionó una supuesta certeza jurídica que, en su opinión, “siempre favorece al gran capital y no a la gente común”. Según Abdala, el objetivo del discurso presidencial fue “atemorizar, acallar y paralizar” al pueblo en su iniciativa.

También se refirió a las cifras expuestas en el Parlamento, donde se reconoció que el costo mensual de la propuesta alcanzaría los 683 millones de pesos, lo que equivale a 18 millones de dólares al mes. Además, subrayó que “el costo anual de lo que los trabajadores dejaron de recibir en renta vitalicia de las AFAP es de 216 millones de dólares, datos proporcionados por el Poder Ejecutivo”.

Confiscación

 El dirigente sindical criticó el régimen de las AFAP, que ya lleva 28 años en funcionamiento, y afirmó que los beneficiarios de las rentas vitalicias están siendo “confiscados” en un promedio de 10.000 pesos mensuales. “Queremos discutir esto de manera concreta: ¿Es cierto o no que se le están confiscando 10.000 pesos por mes a cada beneficiario?”, cuestionó.

Asimismo, Abdala destacó que el 90% de las 75.205 personas que reciben rentas vitalicias cobran, en promedio, 5.053 pesos mensuales, una cifra que considera indignante, dado que cuando se creó el régimen se prometió que los jubilados ganarían “el doble” y tendrían un mejor nivel de vida.

El presidente de la central sindical también se refirió a las “transferencias millonarias que se han realizado a las AFAP”, mencionando que en 2023 el monto ascendió a 1.467 millones de dólares, mientras que en lo que va de 2024, la cifra ronda los 924 millones de dólares. Según Abdala, estos fondos podrían haberse destinado a resolver el déficit de la seguridad social.

En este contexto, instó al sistema político a “comprometerse” con la erradicación de la pobreza, en particular la infantil, utilizando los ahorros generados al evitar las transferencias a las AFAP. “Duplicar las transferencias a los sectores más vulnerables implicaría 380 millones de dólares al año, menos de lo que se ahorra al no transferir a las AFAP”, explicó.

Abdala invitó a Lacalle Pou a debatir

Abdala invitó al presidente Lacalle Pou a debatir públicamente con un representante del movimiento sindical sobre la reforma. “Nos gustaría que el presidente defienda sus fundamentos en un debate con una trabajadora o un trabajador elegido por la Comisión Nacional ‘Afirmá tus derechos’, para que el pueblo conozca las cuestiones en juego el próximo 27 de octubre”.

También hizo referencia al numeral 5 del artículo 77 de la Constitución de la República, que establece que el Presidente y los miembros de la Corte Electoral “no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma de propaganda política de carácter electoral”. Subrayó que la consulta ciudadana promovida por el PIT-CNT a favor del “Sí” en la reforma de la seguridad social es claramente de carácter electoral.

En este sentido, cuestionó la participación de Lacalle Pou en la discusión, recordando que el Presidente, según la Constitución, no debería intervenir en este tipo de propaganda electoral. “Vaya si es electoral la consulta ciudadana que nosotros estamos haciendo por el sí a tres medidas cautelares que elevan la seguridad social a un derecho humano fundamental”, afirmó Abdala.

El presidente del PIT-CNT defendió la propuesta de reforma de la seguridad social y refutó las críticas que la acusan de ser perjudicial para los trabajadores. Destacó que la papeleta que impulsan es responsable y otorga al Parlamento Nacional un plazo de 24 meses para reglamentar específicamente los tres puntos en cuestión, lo que demuestra un enfoque “cauteloso y abierto al diálogo social”. Asimismo, dijo que aunque esta reforma no es integral, se concibe como un conjunto de medidas cautelares concretas, lo cual no impide que se profundicen otras discusiones sobre la seguridad social en el futuro.

Abdala también aclaró que la reforma propuesta permite reconstituir un derecho que ya existía: la posibilidad de que los trabajadores con 30 años de aportes puedan jubilarse a los 60 años, aunque también se mantiene la opción de trabajar más allá de esa edad si así lo desean, con incentivos para quienes elijan continuar trabajando.

Uno de los temas centrales de su discurso es la crítica a la llamada “campaña del miedo”, que utiliza la acusación de una supuesta “confiscación” futura de los ahorros jubilatorios. Abdala rechazó estas afirmaciones, señalando que la verdadera confiscación ya ha ocurrido, y presentó datos del informe de proyecciones actuariales del Banco de Previsión Social (BPS). Según este informe, 75.000 personas jubiladas bajo el régimen mixto han sufrido una pérdida acumulada de 216 millones de dólares al año, lo que equivale a 10.000 pesos por persona al mes. El 90% de estas personas están cobrando apenas 5.000 pesos de jubilación, y el informe indica que, de estar en el régimen de transición del BPS, podrían estar cobrando en promedio 10.000 pesos más. Para Abdala, esto constituye una “confiscación real que ha afectado directamente a los ingresos de los jubilados, y cuestiona por qué no se rinden cuentas sobre este deterioro de los ingresos mensuales”.

Además, planteó una reflexión sobre el acceso a los fondos de las AFAP, destacando que los trabajadores no pueden retirar su dinero libremente, ya que esos fondos están destinados exclusivamente para la jubilación. La propuesta de la papeleta establece el principio de “no menoscabo ni pérdida”, garantizando que si los fondos de las AFAP pasan al BPS, los trabajadores recibirán como mínimo lo que habrían cobrado bajo el régimen mixto. En este sentido, preguntó “dónde está el daño o la confiscación que se les atribuye a estas propuestas, ya que lo que se busca es proteger y asegurar los derechos de los trabajadores jubilados”.

Abdala planteó una crítica hacia la disparidad en las contribuciones a la seguridad social, preguntándose “por qué un gran capital vinculado a los agronegocios sólo aporta un 1.9%, mientras que los trabajadores rurales deben aportar un 15%”. Según Abdala, esta diferencia es “injusta” y cuestiona la sostenibilidad de los derechos sociales en estas condiciones. Aunque no quería hacer referencias específicas a los candidatos presidenciales, subrayó que es evidente que están defendiendo los intereses de los sectores más vulnerables, mientras que poderosos intereses financieros están influyendo en el debate sobre la reforma de la seguridad social.

Enfatizó la necesidad de un debate genuino con la población, alejado del miedo y de las advertencias catastróficas que suelen surgir cada vez que se proponen cambios en favor de los trabajadores. Comparó esta situación con momentos históricos en los que, ante avances sociales, se predijeron crisis que nunca se materializaron. Recordó cómo, en épocas pasadas, se predijo el colapso económico cuando José Batlle y Ordóñez impulsó la ley de las 8 horas laborales, o cuando en 1989 se vinculó el ajuste de las jubilaciones al salario de los trabajadores. También mencionó los temores infundados que surgieron en 1992, cuando se defendieron las empresas públicas, y en 2005, cuando se reinstalaron los Consejos de Salario, situaciones que “no llevaron a las catástrofes anunciadas”.

El mensaje central de Abdala es que, históricamente, cada vez que se ha propuesto una medida favorable para los trabajadores, los “agoreros de la catástrofe” han advertido sobre consecuencias negativas que, al final, nunca ocurrieron.

Herencia de los fondos

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP), Sergio Sommaruga, abordó la baja incidencia de la herencia en los fondos de las AFAP, destacando que sólo el 4% de las personas heredaron el dinero acumulado.

Sommaruga planteó la importancia de que quienes defienden las AFAP expliquen el motivo de esa cifra tan baja. Desde la Comisión Nacional, propuso que, en el marco de la ley que reglamente el Fideicomiso en los próximos 24 meses, se garantice que las personas con derecho a herencia puedan disfrutar de ella. Sommaruga enfatizó: “Planteamos claramente que se consagre el derecho de hacer usufructo de la herencia, con todas las letras”.

Asimismo, cuestionó la falta de información completa sobre la posibilidad de retirar el 9% del fondo, mencionando que aunque se habla de esta opción, para acceder a ella se deben cumplir cuatro requisitos: “tener una enfermedad terminal, enfrentar un desalojo inminente, tener una discapacidad grave y probada, o estar en una situación de desempleo prolongado”. Además, Sommaruga subrayó que, incluso cumpliendo con alguno de estos requisitos, las personas deben tener al menos 60 años de edad y 30 años de aportes para poder retirar ese porcentaje. “Si un trabajador con una enfermedad terminal tiene 38 años, no recibirá ese 9% para financiar su tratamiento oncológico”, explicó.

El dirigente también resaltó que la renuncia a cobrar la jubilación por tres años es otra condición para retirar el 9%, lo que limita aún más el acceso a estos fondos. Afirmó que “hay que decir toda la verdad, porque es parte del respeto al derecho a la libertad de información de las personas”. Aseguró que la propuesta de la Comisión Nacional no impone nada, sino que busca una resolución democrática: “Si la enmienda constitucional obtiene las mayorías sociales, el 9% bajo las condiciones actuales se seguirá pudiendo retirar”.

En conclusión, Sommaruga refutó las acusaciones de confiscación de fondos por parte de la papeleta, argumentando que la verdadera confiscación fue sufrida por los trabajadores, quienes dejaron de recibir 10.000 pesos mensuales. “La confiscación que se le imputa a la papeleta no existe”, sentenció.

El salario mínimo “no se va planchar”

Por otro lado, Sommaruga rechazó las apreciaciones de los detractores del plebiscito referido a que, de prosperar la reforma, el salario mínimo no aumentará. «La pregunta para hacerle a quienes sostienen esto es ¿qué trabajador o trabajadora de la actividad formal regulada por los 24 grupos de actividad de los consejos de salario cobra el salario mínimo nacional? ¿Saben cuántos? Ninguno. Ningún trabajador ni público ni privado que está en el mercado laboral formal se rige por el salario mínimo nacional. ¿Cómo por tanto se podría planchar el salario de los trabajadores si ninguno de los trabajadores de la actividad formal se regula por el salario mínimo? Esa es la pregunta, porque pueden decirse muchas cosas. El asunto es que tengan un fundamento y una explicación real».

Diálogo y Cadena Nacional

En tanto, Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), subrayó que la Comisión no descarta la posibilidad de solicitar una cadena nacional de televisión en el marco del diálogo social. Esto, tras las declaraciones del presidente de la República en conferencia, donde se mencionó que el diálogo social “estaba de moda”. Sosa afirmó que para la Comisión, el diálogo social es más que un concepto vacío, y que debe ser usado para explicar los perjuicios que enfrentan los trabajadores, particularmente en cuanto a la reforma de la seguridad social de 1996.

Sosa señaló que dicha reforma no resolvió problemas esenciales como el empleo, la completitud de las historias laborales, en especial para las mujeres, el déficit fiscal, ni brindó mejores tasas de reemplazo. Además, criticó que el presidente mencionara que se había discutido una reforma de seguridad social durante 15 años, cuando en realidad hubo una reforma en 2008, la ley 18.395, aprobada por unanimidad en el Parlamento. Esta ley, que ampliaba derechos, contó con el respaldo de todos los partidos políticos.

Asimismo, criticó “la falta de convergencia en los sistemas de seguridad social” y destacó que las cajas seguirán funcionando bajo sus propios regímenes, sin cambios. Expresó su preocupación ante la posibilidad de una eventual privatización gradual del sistema de seguridad social, impulsada por la implementación de un régimen mixto.

Sosa también comentó los requisitos para acceder al complemento del 20% de pensiones por vejez e invalidez, señalando que estos son tan restrictivos que prácticamente ningún trabajador puede obtenerlo. Criticó que se presenta como positivo el hecho de que 3.000 jubilados sigan trabajando, sugiriendo que lo hacen por necesidad, no por elección.

Además, abordó las dificultades para los jubilados que retornan al mercado laboral, explicando que “aquellos que cobran la jubilación mínima de 18.840 pesos y reciben 10.000 pesos adicionales por trabajar, pierden el suplemento de 8.840 pesos”. Aunque el Banco de Previsión Social (BPS) ajustó recientemente su sistema para resolver esta situación, Sosa expresó su incertidumbre sobre si los trabajadores se enfrentarán a una deuda por los pagos recibidos anteriormente.

Finalmente, criticó la elección del índice de ajuste de las jubilaciones más bajas, que, en lugar de aumentarse por el mejor de los índices, se hace por el peor, provocando una reducción en los ingresos de hasta un 5%. Concluyó señalando que la propuesta de reforma de la Comisión busca “mejorar la calidad de vida de las personas”, en contraste con la reforma de 2023, que el gobierno presenta como un acto de “justicia social”.