Gobierno reforzó sistemas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres

Uno de los aspectos priorizados fue la ampliación de los tiempos de atención telefónica a través del servicio telefónico 0800 4141, de alcance nacional, que en esta administración estuvo disponible de forma ininterrumpida. Además, mejoró la accesibilidad, ya que también comprende a mujeres sordas, acción gestionada en conjunto con la Dirección de Discapacidad de Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La cantidad de horas semanales de atención de los servicios a mujeres en situación de violencia, con técnicos en psicología, trabajo social y abogados, totalizaron 800. Fueron instalados cuatro nuevos equipos de asistencia a varones que ejercen violencia en todo el país, que abarcaron 15 departamentos con 19 servicios.

En estos cinco años, la descentralización en las respuestas fue una meta, se crearon espacios de atención en puntos estratégicos. Uno de ellos es el centro de asistencia a mujeres en situación de violencia en Montevideo, lo que implica mayor acceso para quienes provienen de la zona centro-oeste del departamento. Además, se concretó la descentralización del servicio para varones que ejercen violencia en Montevideo, que funciona en dos sedes.

Por otro lado, se abrió otro centro de 24 horas, más conocido como refugio, para mujeres con hijos en situación de violencia doméstica en Maldonado, destinado a personas del departamento, pero también de Lavalleja, Treinta y Tres y Canelones. Además, quedó inaugurado un servicio para mujeres en situación de violencia en Ciudad de la Costa y una casa donde se instalaron los equipos que trabajan en Las Piedras.

En el medio rural, se implementó el curso Promotoras del Derecho a una Vida Libre de Violencia Basada en Género, dirigido a mujeres de zonas alejadas de las ciudades, en el que participaron unas 150 personas en tres ediciones. El objetivo es que reciban una primera respuesta y la correspondiente derivación. Asimismo, en cumplimiento de la ley n.° 19.580, del 22 de diciembre de 2017, comenzaron a funcionar juzgados especializados en Salto, Rivera y Maldonado.

Inmujeres firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitió mejorar la prevención, la atención y la respuesta a mujeres en situación de violencia. En tanto, el Banco de Previsión Social (BPS) revisó y mejoró las pensiones otorgadas a niños y adolescentes por causa de femicidio, a partir de la ley de urgente consideración n.° 19.889, del 9 de julio de 2020, por lo que se duplicó de 3 a 6 bases de prestaciones contributivas (BPC) el monto de las reparaciones previstas.

Atención personalizada

El servicio telefónico 0800 4141 abarca 35 puntos de atención a situaciones de violencia doméstica, lo que implicó la contratación de más de 300 profesionales en todo el país. Incluye 19 dispositivos de articulación territorial, equipo territorial de Montevideo, 19 destinados a varones que ejercen violencia, además de un servicio nacional de atención a mujeres en situaciones de trata con fines de explotación sexual o laboral, con sedes en Montevideo, Cerro Largo, Tacuarembó y Paysandú.

También funciona un portal de ingreso a dispositivos de 24 horas, cinco refugios para mujeres a cargo de sus hijos, un dispositivo de urgencia habitacional (hoteles y otros alojamientos) y el programa Alternativas Habitacionales Transitorias, que brinda 500 subsidios de alquiler en convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Mevir.

Durante esta administración, los servicios atendieron a 16.821 mujeres en situación de violencia basada en género, y se ofreció respuesta a 121.373 consultas, tanto presenciales como telefónicas, entre enero de 2020 y setiembre de 2024. A través de la línea de alcance nacional, se recibieron 53.000 llamadas, un promedio de 900 mensuales. Unas 522 mujeres y 538 niños ingresaron a centros de 24 horas, mientras que a los dispositivos de urgencia habitacional accedieron 847 mujeres y 960 menores.

Autonomía y prevención

En este período, se amplió el convenio con Vivienda, lo que permitió aumentar las alternativas habitacionales en el marco de sus programas vigentes, tanto transitorias como definitivas. También se impulsó el subsidio y la garantía de alquiler, así como refacciones o ampliaciones en viviendas para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia doméstica. Los datos de enero-setiembre 2024 indican que 232 mujeres con hijos a cargo accedieron a una vivienda bajo esta modalidad de contrato.

En el marco de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profestional (Inefop), más de 200 mujeres que padecieron situaciones de violencia basada en género accedieron a ciclos de formación para empleo y fortalecimiento de herramientas para concretar emprendimientos. Unas 236 en esta condición fueron capacitadas para su inserción laboral a través del programa Accesos del Mides.

A esto se suman otros cursos, por ejemplo, para defensores, fiscales, jueces y mediadores. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores incluyó la prevención de la violencia basada en género en la currícula de formación del Instituto Artigas.

El Observatorio de Violencia de Género pasó a la órbita de Inmujeres y se llevó adelante el proceso de digitalización de registros administrativos del sistema de respuesta. Al finalizar esta gestión, quedará la estructura preparada y validada para realizar la tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre la Violencia Basada en Género.

En materia de prevención, se reforzó la implementación del programa Noviazgos Libres de Violencia. Además, comenzó, con la ANEP, un proceso de trabajo para reglamentar el artículo 21 de la ley n.° 19.580, que abarca a los subsistemas de la educación.

Con el apoyo del BID, se contrataron especialistas en educación para incluir estrategias de prevención de la violencia basada en género en la nueva currícula en centros de estudio y se realizó un acuerdo de cooperación entre la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y Uruguay, a través de Inmujeres-Mides, para implementar el proyecto Violencias en Foco, con el fin de fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y visibilización de la violencia basada en género en el contexto comunitario.

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