El ministro de Economía designado por Yamandú Orsi, Gabriel Oddone trabajó hace más de veinte años, a fines de la década de 1990, en una consultoría en el Poder Judicial por un programa de fortalecimiento financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El juez a cargo de aquel programa era John Pérez, actual ministro de la Suprema Corte y a quién le tocará presidir en este 2025 al máximo órgano de Justicia, lo que lo convierte en vocero y representante protocolar del Poder Judicial.
Ministro John Pérez Brignani se reunió con Gabriel Oddone
Infopaís
Oddone recibió al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia: de qué hablaron y qué los une.
Desde aquella época el economista y el juez mantienen una amistad que fue la que llevó a Pérez a pedirle la reunión a Oddone, quién lo recibió en la tarde de este jueves en las oficinas de la transición en Plaza Alemania, según contó el magistrado a El Observador.
Pérez dijo que le entregó el Plan Estratégico del Poder Judicial para los años 2025-2034 que presenta quince propuestas para ejecutar a lo largo de los próximos dos períodos. Además, le adelantó que cuando tengan el presupuesto para el próximo período se lo acercará en un
encuentro protocolar, ya que esta fue "una reunión informal de dos personas que se conocen desde hace años", dijo.
Entre los principales puntos de ese plan se menciona el acceso a la Justicia, un tema del que Orsi como candidato a la presidencia habló en la campaña. Al respecto Pérez dijo que es un tema que le preocupa mucho y que por eso este año, como presidente de la Suprema Corte se dedicará a seguir recorriendo el interior para conocer de primera mano las necesidades. En ese sentido, puso algunos ejemplos como en Ciudad del Plata que no hay juzgado y para acceder a la Justicia deben trasladarse a la ciudad de Libertad y pagar un boleto de $250, lo que la vuelve inaccesible.
Otro caso similar es el de Batlle y Ordoñez en Lavalleja, cuyos habitantes deben trasladarse a Minas y tomar tres servicios que sólo viajan en la madrugada.
En una disertación de 2023, cuando Pérez fue presidente de la Corte afirmaba que el Estado debe "adoptar medidas que garanticen el acceso efectivo, Y dentro de esas medidas debe darse una adecuada instrucción que permita a los justiciables conocer y sobre todo entender los derechos que le asisten Entiendo que deben reforzarse los programas en primaria y secundaria en materias de valores y en la concientización de los derechos y obligaciones de los justiciables".
Agregaba entonces que "existen barreras culturales y económicas que limitan el acceso a la justicia que deben ser afrontadas por la sociedad en su conjunto con el desarrollo de políticas públicas".
Otros de los puntos del plan estratégico, publicado en la web del Poder Judicial, incluyen optimizar las políticas para mitigar el impacto ambiental del Poder Judicial a través de compras sostenibles, eficiencia energética, optimización del uso de combustibles fósiles; optimizar el
funcionamiento de los juzgados y tribunales para mejorar la calidad del servicio, optimizando el uso de las herramientas informática; y optimizar el funcionamiento de las defensorías públicas para extender la atención a los usuarios del servicio e implementar las itinerancias como
mecanismo para aproximar el servicio de Justicia a aquellos grupos de población que se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación.
También se proponen jerarquizar el Servicio de Mediación, mediante el cual se solucionan conflictos vecinales. En ese sentido el Poder Judicial se propone "avanzar en la mediación a distancia (tanto interdepartamental como internacional), dotando a los mediadores de los
recursos tecnológicos necesarios, desarrollar nuevas estrategias de comunicación a los efectos de dar a conocer el servicio que se brinda, así como coordinar la labor de los defensores con los mediadores".

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