Melgar: “Aseguraremos que el hambre no sea una circunstancia más que aleje a niños y niñas del acceso a la Justicia”
El Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, firmaron un convenio para asegurar la alimentación de niños, niñas, adolescentes y mujeres que concurren a los Juzgados Especializados en Familia en el marco de procesos de protección.
La directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar, contó que la Suprema Corte de Justicia planteó el desafío de la alimentación para infancias y adolescencias en el marco de procesos judiciales a su dirección y que rápidamente comenzaron a trabajar para buscar una solución: “Cuando el doctor Juan Pablo Novelas, Secretario de Letrado de la Suprema Corte, vino con una mezcla de desesperanza y entusiasmo a plantearnos que era importante poner en el centro a los niños y las niñas que asisten a los juzgados familia especializados y otros centros judiciales por los que transitan las infancias, no lo dudamos”.
“No es sorpresa para nadie que tenemos limitantes este año, pero tampoco es sorpresa para nadie acá que cuando hay voluntad y capacidades colectivas las cosas pasan y se transforman en protección de derechos”, dijo la jerarca.
Melgar explicó que muchos niños, niñas, adolescentes y mujeres que transitan procesos judiciales se encuentran en situaciones de extrema fragilidad social, económica y carecen frecuentemente de recursos suficientes para cubrir necesidades alimentarias básicas. Además de esto, la directora explicó que “los niños y niñas, en todos los casos víctimas, deben soportar las esperas en los juzgados que pueden ser de varias horas”, algo que muchas veces los aleja de la posibilidad de acceder a la justicia.
La titular del INDA señaló que es obligación del Estado y de su instituto “atender las necesidades alimentarias como parte de una respuesta integral, coordinada y humanizada”, y que es en ese marco que se celebra el convenio.
La prestación, en principio, consta de la disponibilidad de 1500 tickets por mes para que cada sede judicial defina la manera más efectiva de facilitarle el alimento a las personas beneficiarias. Esto se irá trabajando en conjunto para adaptar y mejorar a medida que se comience a implementar mes a mes.
Ambos organismos comunicaron su compromiso en seguir trabajando para ampliar la protección de derechos de la población vulnerable.
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