Participaron, asimismo, en el encuentro el presidente de la Federación Ibero Latinoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Luis Cobos; su par de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, Silvina Vila, y la directora general de la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, Gabriela Pintos, así como autoridades del Consejo de Derechos de Autor.

Facio señaló que la industria de contenidos es generadora de empleo y de valor, que puede compararse en la dimensión económica con otros sectores más tradicionales de la economía, y añadió que el volumen de la industria musical alcanzó, en el mundo, un combinado de 28,6 billones de dólares.

La jerarca recordó, en su oratoria, que en el pasado la mayor preocupación del sector era comercializar soportes físicos, pero, con la digitalización, el modelo de negocios varió de forma sensible. Agregó que este cambio no hubiera sido posible sin las mejoras en la conectividad a internet, la generalización del acceso a la banda ancha y la fibra óptica, así como el subsiguiente descenso de los costos, que lo hicieron viable desde el punto de vista económico.

También sostuvo que el cambio de modelo conllevó una serie de nuevos desafíos y oportunidades: por un lado, hay un número reducido de plataformas que establecen sus reglas en sus propios servicios, pero, como contrapartida, está la posibilidad de seguir aprovechando la obra más allá de la venta única del soporte físico y el público accede de forma masiva, a diferencia de lo que sucedía antes. “Cualquier discusión sobre monetización perdería sentido si no se considera la dimensión de la observancia de los derechos de propiedad intelectual involucrados”, enfatizó.

Expuso, además, que desde el Estado se brinda respuestas regulatorias sólidas desde la perspectiva técnica y también lo suficientemente flexibles como para permitir el desarrollo del sector, manejar las expectativas de los diferentes actores y asegurar reglas claras y previsibles, para que los agentes puedan operar con certezas. Todo ello impone la necesidad de crear estructuras adecuadas a la evolución.

“Este ministerio trabaja, ya sea desde la implementación de políticas públicas específicas sobre algunos sectores como también desde la coordinación necesaria entre las autoridades de gobierno, para consolidar la implementación de decisiones que no quiebren el orden legal vigente y que respondan en forma unificada a los principios comunes y coordenadas conceptuales que tiene la propiedad intelectual en su conjunto”, manifestó Facio. Finalmente, se refirió a la aprobación del Tratado de Patentes, tras 40 años de discusión, y la promulgación de la ley que reconoce los derechos de los intérpretes y ejecutantes como dos ejemplos del rol del Gobierno respecto a la temática de la propiedad intelectual.