Según datos de su Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso y/o Maltrato del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) el 82,8% de los casos tratados en 2024 corresponden a mujeres y solamente un 17,2% corresponden a hombres. Además, el 56,9% de las personas fueron víctimas de sus propios hijos o hijas, mientras que el 7,5% recibieron agresiones por parte de sus nietos o nietas, el 7,5% de sobrinos o sobrinas y el 5,5% por parejas o exparejas.
NACIONALES16/06/2025
Infopaís
El Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso y/o Maltrato forma parte de las prestaciones que ofrece Inmayores. Funciona en Montevideo, en la zona metropolitana y en los departamentos donde el Instituto cuenta con referentes territoriales. Está dirigido a personas de 65 años o más que se encuentren en situación de vulneración de sus derechos por abuso y/o maltrato.
El principal objetivo del servicio es brindar orientación y generar una respuesta a situaciones de violencia que afectan a las personas mayores mediante apoyo social, psicológico, jurídico y valoración sanitaria a las personas mayores afectadas. Este trabajo se realiza con las personas mayores que ingresan al servicio y con sus familiares o personas cercanas.
En este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez Inmayores lanza una campaña para reafirmar su compromiso sostenido con la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por motivos de edad en la vejez y recuerda que esta forma de violencia constituye una grave vulneración de derechos humanos. El abuso y maltrato adopta múltiples formas —físico, psicológico, económico, institucional, comunitario, estructural o por negligencia— y, con frecuencia, permanece oculto debido a patrones culturales que lo naturalizan e invisibilizan.
Los datos que se presentan desde el servicio de atención confirman algunos de los ejes de trabajo de la administración de Inmayores actual: la feminización de las personas mayores violentadas y de las personas mayores en general, el sobreenvejecimiento poblacional y la necesidad de modificar las dinámicas familiares.
Las conductas socialmente esperadas de las mujeres mayores, a menudo vinculadas a roles pasivos y de cuidado exclusivo, pueden exacerbar su vulnerabilidad al abuso y maltrato. Estos estereotipos pueden llevar a situaciones donde se normaliza la negligencia, el abandono o incluso el abuso patrimonial, al asumir que las mujeres mayores deben depender económicamente de otros.
Por otra parte, el crecimiento sostenido de la población mayor (fenómeno conocido como sobreenvejecimiento) repercute en las prioridades de las políticas públicas hacia las personas mayores e impacta significativamente en sus necesidades, ya que estos enfrentan aumento de los niveles de dependencia y prevalencia de enfermedades crónicas.
Por último, la aparición de maltratos y abusos realizados por diversos miembros de la familia con frecuencia, refuerza la necesidad de intervenir en dinámicas familiares amplias y no solo en el vínculo padre/madre–hijo/a.
La campaña de Inmayores se basa en la visibilización de las múltiples formas de violencia y se concentra en la posibilidad que cada persona tiene de cambiar y modificar estas situaciones.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) elabora una nueva guía electrónica de carga. El director nacional de Transporte, Felipe Martín, presentó el instrumento y adelantó que se comenzó a incorporar nueva tecnología de pesaje y control en las rutas nacionales, capaz de evaluar vehículos en movimiento.
Este sábado 6 fueron instalados distintos puntos de vacunación en todo el país, en el marco de las acciones de prevención de la enfermedad.
El 1.° de diciembre comenzaron a regir las medidas contenidas en la Ley de Frontera, para mejorar la competitividad, el trabajo y la calidad de vida en zonas limítrofes con Brasil. Eliminación del IVA mínimo, reducción de tasa básica y aportes patronales, y régimen simplificado de importación son algunas de las iniciativas.
“Recibimos este honor con responsabilidad y un profundo compromiso con nuestra región y con quienes habitan en nuestros territorios”, sostuvo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, tras la designación de Uruguay para presidir el Minurvi a partir de 2026.
Con el fin de impulsar proyectos transformadores con impacto positivo en las comunidades, la Universidad Tecnológica (UTEC) presentó la Estrategia Innovación Territorial. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, valoró que la UTEC “lleve la universidad al territorio” y permita que los jóvenes en estudien sin desarraigo y aporten desde su lugar.
“Estamos haciendo historia en Uruguay y en la región”, subrayó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, luego de la firma del convenio por dos años para el sector doméstico. A partir de marzo de 2026, habrá tres categorías con salarios mínimos diferenciados, así como otros beneficios.
“Es un dispositivo que salva vidas”, aseguró la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al anunciar la ampliación de la cobertura de financiamiento del Fondo Nacional de Recursos a cardiodesfibriladores implantados. Explicó que accederá toda persona a quien se le haya indicado. “Esto era una deuda de hace más de 30 años”, agregó.
La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), región centro-sur, ubicada en el departamento de Durazno, una nueva edición del curso: Introducción a las competencias de Liderazgo, dirigido a funcionarias y funcionarios públicos con personal a cargo.
Nuevos marcos regulatorios y préstamos asequibles para recuperar el stock habitacional, acceso a alquileres sociales y transformar el rol del Estado en relación al suelo urbano son algunas de las políticas que aplicará en su gestión la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, según informó en un encuentro latinoamericano sobre vivienda, urbanismo y cambio climático.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmó un convenio colectivo con representantes de entes públicos, servicios descentralizados y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. El acuerdo incorpora un mecanismo de ajuste salarial, beneficios y facilidades para los funcionarios, y un compromiso de paz.
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