Mides presentó informe inédito sobre brechas en el acceso a derechos de las personas en situación de discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo el informe inédito “Personas en situación de discapacidad en Uruguay: Brechas en el acceso a derechos”, elaborado por la Dirección de Discapacidad junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Basado en datos del Censo 2023, el estudio evidencia las principales desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la educación, el empleo, la salud y la vivienda. El documento constituye un insumo fundamental para el diseño del Primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impulsa el MIDES junto a distintos organismos del Estado y socios internacionales.

El encuentro contó con la participación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el director de Discapacidad, Federico Lezama; el representante de Unicef, Michel Guinad; y el representante de UNFPA, Juan Meré, además de autoridades nacionales, legisladores y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la presentación, Federico Lezama señaló que el informe “da cuenta de una realidad que no nos gustaría estar presentando”, al mostrar una magnitud de desigualdades que, según dijo, “requiere acciones concretas y sostenidas en el tiempo”. Explicó que el 50 % de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad viven con necesidades básicas insatisfechas, frente al 36 % de quienes no presentan discapacidad. En educación, un 7 % de las personas con discapacidad mayores de 25 años nunca accedió al sistema educativo, mientras que entre la población sin discapacidad el porcentaje se reduce al 3 %. También remarcó que la tasa de empleo es del 49 % entre las personas con discapacidad, frente al 79 % en quienes no la tienen, y que el desempleo asciende al 14 %, casi el doble que en el resto de la población.

“Tenemos un Uruguay desigual en el acceso a los derechos cuando se vive con una discapacidad”, afirmó Lezama, y sostuvo que el desafío es avanzar hacia una política pública capaz de revertir esa brecha. En esa línea, destacó la importancia de un cambio cultural: “Debemos dejar de ver a las personas con discapacidad como sujetos carentes que necesitan ayuda y apostar a su potencia, a todo lo que pueden aportar a la sociedad”.

El representante de Unicef, Michel Guinad, resaltó el valor del informe y la relevancia de contar con información precisa para la toma de decisiones. “Este documento ofrece evidencia rigurosa sobre las desigualdades en el acceso a derechos, la cobertura de servicios y la participación social y política. Es una herramienta clave para orientar decisiones legislativas, presupuestarias y de políticas públicas”, señaló. Recordó que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprometen a los Estados a promover la inclusión y la equidad, y subrayó que la discapacidad “no es un tema sectorial, sino transversal a toda la agenda pública”. Guinad reafirmó el compromiso de Unicef a seguir trabajando junto al Estado, la sociedad civil y las personas con discapacidad “para construir un país más justo, inclusivo y equitativo”.

Por su parte, el representante de UNFPA, Juan Meré, destacó la trayectoria de cooperación interinstitucional y subrayó que la agenda de discapacidad “debe ser una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno”. Recordó que todas las agencias de Naciones Unidas comparten el mandato de “no dejar a nadie atrás”, e hizo referencia a avances recientes como el Baremo Único Nacional y la Ley de Capacidad Jurídica, actualmente en estudio parlamentario, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre su propia vida. Meré celebró el acuerdo interpartidario en políticas de discapacidad, al que definió como “una señal de madurez democrática y el inicio de una verdadera política de Estado”.

En el cierre de la actividad, el ministro Gonzalo Civila destacó la necesidad de abordar la discapacidad desde una perspectiva integral. “Los datos demuestran que la discapacidad, como muchas otras realidades sociales, tiene determinantes que van mucho más allá de lo visible. El abordaje debe ser integral”, señaló. Explicó que la prevalencia es mayor entre mujeres, personas afrodescendientes y habitantes del norte del país, y que los departamentos con mayor incidencia son Rivera (7,7%) y Rocha (7,4%), mientras que Colonia y Maldonado presentan las más bajas (5,7%).

Civila anunció además que el presupuesto quinquenal incluye la creación del Instituto Nacional de la Discapacidad, una iniciativa aprobada por unanimidad en Diputados y que aguarda tratamiento en el Senado. “Es una demanda histórica de las organizaciones vinculadas a la discapacidad y una señal impostergable de compromiso del Estado”, afirmó.

Finalmente, el ministro reflexionó sobre el sentido de las políticas públicas: “Si tenemos desigualdades tan contundentes, evidentemente hay algo en nuestra sociedad que no está bien. El desafío es reorganizar nuestras estructuras para ubicar la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas”.

Con esta presentación, el Ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la equidad, avanzando en la construcción de una institucionalidad sólida y participativa que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.