Infopaís
La iniciativa, presentada este jueves 13 en Tacuarembó, es una de las principales líneas de acción del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029.
El objetivo es responder a agrupamientos irregulares rurales de todo el país que nuclean a entre 10 y 30 familias que viven en infraestructuras precarias, sin acceso a agua o electricidad y sin regularidad en la tenencia de la tierra.
La meta es alcanzar a 700 familias en el quinquenio, casi la mitad de los agrupamientos irregulares ubicados en zonas rurales, detectados en todo el país. El objetivo del Gobierno es focalizar las políticas públicas en las poblaciones más vulnerables, con prioridad en las infancias y adolescencias, dijo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, en una conferencia de prensa.
Y subrayó: “Queremos ser un ministerio cercano, un ministerio que escucha. La elaboración de la política pública tiene que respetar lo territorial, porque no es lo mismo Bella Unión que Tarariras. Por eso, es fundamental acompañar a las comunidades desde la realidad de cada lugar”.
Atención integral a poblaciones vulnerables
Paseyro explicó que el programa Agrupamientos Irregulares Rurales está destinado a atender a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través de organismos como Mevir y los planes Juntos, de Mejoramiento de Barrios y Avanzar.
Según informó, el ministerio realiza un mapeo de la precariedad habitacional, mediante el análisis de datos actualizados por diferentes dependencias respecto a infancia y adolescencia. “Tiene que ser el Estado el que vaya hacia esa población”, consideró.
Por su parte, el presidente de Mevir, Andrés Lima, dijo que este programa retoma el origen del organismo, de atender a la población dispersa y con mayor vulnerabilidad en el interior del país.
Según explicó, la iniciativa comprende varias aristas y una de ellas es intervenir las viviendas, a través de mejoras, reformas o refacciones, y, en algunos casos, cuando sea necesario, construirlas desde cero.
En segundo lugar, el programa implica generar las condiciones de acceso a servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y saneamiento. En tercer término, contemplará la regularización de los terrenos.
