Armas de fuego y municiones: nuevo decreto incrementa controles, trazabilidad y coordinación

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó que, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública, se implementa una estrategia para el control de armas y municiones, a fin de implementar sanciones más severas, mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización con estándares internacionales y mejorar la coordinación institucional.

Para avanzar en estos últimos tres puntos –trazabilidad, controles y coordinación–, el Gobierno emitió un decreto elaborado por los ministerios de Interior y Defensa Nacional. 

Entre las acciones propuestas, se destaca la creación del Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego, que facilitará la interoperabilidad en tiempo real entre ambas carteras.

Asimismo, se impulsan cambios regulatorios para fortalecer la trazabilidad, actualizar la fiscalización y responder frente a nuevas amenazas, como las armas fabricadas mediante impresión en tres dimensiones y otras tecnologías emergentes. 

La normativa también establece límites para la adquisición y venta de municiones según el tipo de usuario, lo que se logró mediante el diálogo con asociaciones de personas que poseen armas de fuego, para no perjudicar a quienes cuentan con la habilitación correspondiente.

Mientras se fortalece la capacidad del Estado para prevenir, registrar, controlar y rastrear armas y municiones, se endurecen las consecuencias para quienes participan en circuitos ilegales que abastecen la violencia e incrementan el crimen organizado, aseguró el ministro.

“Las reformas que hemos impulsado en materia de controles, trazabilidad y sanciones, reflejan una convicción muy sencilla: menos armas en manos de quienes ejercen violencia significa más seguridad, más libertad y más tranquilidad para la enorme mayoría de los uruguayos”, concluyó.

Las armas de fuego son un factor estructural de la violencia

La estrategia se basa en la evidencia aportada por el informe Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay, elaborado por el Ministerio del Interior junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio revela que las armas de fuego se han consolidado como un factor estructural de violencia en Uruguay. En la actualidad, cerca de siete de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. La evidencia revela una concentración territorial de la violencia armada y una estrecha relación entre la circulación y las dinámicas del crimen organizado.

A pesar de contar con un elevado número de armas registradas legalmente, el país enfrenta un creciente desvío hacia circuitos ilegales. Entre 2013 y 2025 se denunciaron unos 16.000 hurtos de armas, se incrementaron los casos de tenencia y porte ilegal, y crecieron las denuncias vinculadas al tráfico interno de armas. 

En este contexto, es necesario avanzar hacia sistemas de control más modernos, mayor trazabilidad, coordinación institucional y regulación actualizada para enfrentar desafíos actuales y futuros, afirmó Negro.

Respuestas coordinadas e intercambio de información

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que la normativa constituye un aporte al conocimiento de la realidad nacional y al fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia. Añadió que el estudio ofrece una mirada integral sobre el acceso, la circulación y el uso de las armas de fuego en el país.

Asimismo, consideró que los desafíos vinculados a la circulación y al tráfico ilícito de armas trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas, intercambio de información y compromiso entre los Estados. 

La ministra reafirmó el compromiso de la cartera que representa, con una gestión rigurosa y responsable del armamento, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional, en el marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.