Infopaís
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en diciembre de 2010, organismo originado luego del consenso de todos los partidos políticos, orientado a la dignificación y transformación del sistema carcelario, que contempló tanto reformas legales como beneficios para los funcionarios penitenciarios.
Las palabras del ministro fueron expresadas durante el 15.° aniversario del INR, este lunes 8, en el Auditorio Mario Benedetti. En este contexto, Negro sostuvo que el país necesita un trabajo profundo para construir un sistema penitenciario acorde con los estándares que motivaron la reforma, debido al crecimiento constante de los niveles de encarcelamiento en el país.
En ese sentido, recordó que la tasa de prisionalización coloca a Uruguay en el primer lugar del ranking de América del Sur y entre los más altos a nivel mundial, con casi 17.000 personas privadas de libertad, y otras 10.000 sujetas a medidas alternativas. Este dato implica enormes costos sociales y económicos, además representa "una amenaza a la seguridad pública”, advirtió.
“Una reforma de esta magnitud no puede descansar solo en los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras, por eso, este Gobierno definió al sistema penitenciario como una de sus prioridades”, indicó el ministro en su alocución.
La meta de la reinserción social solo puede alcanzarse mediante una intervención penitenciaria integral, basada en la evidencia y orientada a reducir la reincidencia, afirmó Negro en su discurso. Agregó el anuncio de que se elaborará un proyecto de ley de autonomía técnica y presupuestaria para el INR orientado a jerarquizar la institución y dotarla de la independencia necesaria para cumplir con su importante cometido.
En otro pasaje de su oratoria, destacó la propuesta específica para el INR en el Presupuesto Nacional de 2026-2030, que garantiza la incorporación de más de 1.000 funcionarios y la mejora sustancial de las condiciones laborales del personal. Además, está planificado un financiamiento específico para incrementar la oferta de programas dentro del sistema carcelario y para aquellas personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad.
Por último, enfatizó que un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, eficiente y orientado a los resultados es un pilar clave para el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y segura.
Participaron en la actividad en el auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde; el director general de Secretaría, Gerardo Siri; el director de la Policía Nacional, José Azambuya; la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche; entre otras autoridades nacionales y departamentales.
En la oportunidad, Juanche destacó varíos temas: "El proceso de reingeniería institucional del INR, con el apoyo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la nueva resolución que organiza los traslados de privados de libertad, el proceso de evaluación y la clasificación de la población penitenciaria, así como el censo de la población carcelaria".
En materia de infraestructura, mencionó los 3 millones de dólares dirigidos a la mejora de la infraestructura y los servicios del Unidad de Rehabilitación n.° 4, de Santiago Vázquez. A esto, sumó la campaña de alfabetización, la ampliación de la oferta educativa, la atención en materia de salud mental y uso problemático de sustancias que se aplicará en 2026, un nuevo plan nutricional y la incorporación del Área de Género y Diversidad a la dirección del INR.
