InfopaísLa primera etapa del plan Libertad Segura comenzará en las próximas semanas, cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a su documentación básica, como la cédula de identidad, lo que les permitirá acceder a los servicios sanitarios, una Tarjeta Uruguay Social, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), construcción de sus perfiles laborales, boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año, según describieron jerarcas del Gobierno nacional este lunes 25 en Torre Ejecutiva. En una primera etapa, la Intendencia de Montevideo incorporará personal en el marco de este proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en la presentación del programa.
En ese sentido, recordó que la población carcelaria en Uruguay crece desde hace 30 años sin interrupciones. “Hoy encuentra a un gobierno, encabezado por (el presidente) Yamandú Orsi, que entiende que las respuestas a un problema complejo requieren respuestas audaces; no porque no se hayan hecho antes, sino porque tiene vocación para crear un plan piloto para 350 personas, que tiene intención de crecer y que busca involucrar a las instituciones públicas y privadas para que estas personas se reinserten (en la sociedad) por medio del trabajo”, definió.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que Libertad Segura procura dos objetivos. El primero es evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años. En segundo lugar, afirmar “el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.
Enumeró los riesgos a los que se enfrentan las personas liberadas del sistema carcelario:
Por su parte, el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, afirmó que ninguna política de seguridad resulta sostenible sin el correlato de condiciones reales para el reingreso social saludable. Al respecto, explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública integra programas laborales y educativos, soluciones habitacionales transicionales y dispositivos de gestión integrada del egreso carcelario.
La reinserción social no es una responsabilidad exclusiva del MI, es una política pública de seguridad integral que requiere la coordinación de los sectores públicos y privados, aseveró, en su oratoria.
“Donde el Estado no acompaña, esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso, este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, dijo
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, destacó que el programa prioriza la dimensión de género porque, si bien la población femenina representa solo el 10% del total de población carcelaria, tiene necesidades específicas. Mencionó diferencias sustanciales sobre la relación de las mujeres con el delito.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó que esa secretaría de Estado desempeñará un rol preponderante desde la labor de los equipos técnicos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali). Expresó que varios ministerios integran una importante red de trabajo que posibilitará atender la realidad de los casi 17.000 privados de libertad.
Por su lado, el titular de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que los técnicos de la cartera entienden que el trabajo no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida. Para facilitar el acceso a ello, el rol del ministerio en este programa será el apoyo desde el preegreso de cárceles, con capacitación y construcción de perfiles laborales. Posteriormente, a la salida de prisión, primero, con empleo protegido y, luego, con apoyo hacia el empleo privado formal. En este marco, mencionó los beneficios fiscales incluidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral que está bajo estudio parlamentario.
En la mesa de presentación del programa Libertad Segura también estuvo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien aseguró que participarán 300 varones y 50 mujeres en los planes de empleo protegido por un año. Definió a este programa como “una respuesta política a una demanda de la sociedad” que compromete un “esfuerzo que vale la pena”.
